Señoras y señores:

En mi condición de presidente de la Junta Central Electoral, he sido invitado a este escenario tan distinguido, lo cual agradezco, para presentar algunas reflexiones sobre las elecciones, la magnitud del actual desafío, sus novedades, así como la relación que éstas guardan con la economía, y cómo sirven para renovar el sistema democrático.

Muy acertadamente, Ortega y Gasset dijo que, “la salud de la democracia, cualesquiera que sea su tipo y grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral”. Si asumimos la certeza de este postulado, el objeto de este encuentro, que es conversar sobre ese tema, es de extrema importancia y trascendencia para el presente y futuro de la nación.

Cónsona con este criterio, nuestra Constitución define como uno de los derechos de primera generación, el de elegir y ser elegido, el de ejercer uno de los atributos de la ciudadanía, en cuanto a participar en la definición de políticas públicas a través de los mecanismos establecidos por la norma, y  mediante elección directa, escoger a quienes están llamados a desempeñar los cargos públicos.

Precisamente, para cumplir con estas prerrogativas, están convocadas las asambleas electorales, que funcionarán en los colegios que a este efecto se abrirán el tercer domingo de mayo, que para esta ocasión es día 15, tal como prevé el artículo 209 de la Constitución de la República.  

Desde el 1966 hemos tenido elecciones continuas e ininterrumpidas, con la excepción de las del año 1996, que implicó la interrupción de un periodo constitucional, pero que ocurrió dentro un marco legal. Más aun, tenemos el mérito como nación, de haber iniciado, en el 1978, la tercera ola democrática en las Américas, seguido por Costa Rica, en ese mismo año; la más larga y extensa, solo salpicada por casos excepcionales, que aunque han implicado interrupciones de mandatos constitucionales, sus propiciadores se han ocupado de revestirlos de legalidad.

En estas elecciones, como en otras, los ciudadanos convocados tienen una muy extendida creencia de que el derecho a elegir no tiene ningún costo. Lo consideran, por su significado para la democracia, por su fuerza y peso, como deber ciudadano, y por lo tanto, creen que deben acceder a este derecho de forma gratuita. El ciudadano que comparece libremente a un aula, recibe una o varias boletas, marca un partido o candidato de su predilección, no percibe que el derecho que está ejerciendo lleva consigo costos ocultos. Supone que no debe pagar por recibir la boleta, el marcador, ni para que un miembro de colegio haga que su voto cuente, y llegue a su destino. Para esta persona, todo su accionar es totalmente libre de costo. Posiblemente, si le dijeran que tiene un costo, una parte importante de la población no concurriría.

Sin embargo, la verdad es que el ejercicio de este derecho sí tiene un costo, ya que el costo de todos esos materiales, equipos y personal involucrado se sostiene con los impuestos. Por tanto, se trata de la protección de un derecho esencial, fundamental, pero a su vez también del uso racional de recursos públicos, para garantizar el ejercicio de esos derechos, personales y universales.

Con mucha razón, Stephen Holmes y Cass Sunstein, afirman: “los derechos en sentido legal tienen “dientes”. Por lo tanto, son cualquier cosa menos inofensivos o inocentes”. Para ellos, este costo no significa que ése es el valor de ese derecho, ya que son dos conceptos distintos, costo y valor. Por tanto, como primera reflexión, aceptemos que el concepto gratuidad en el ejercicio de éste y de todos los derechos fundamentales, es una ficción.

En ese sentido, para este año, la Junta Central Electoral tiene prevista una inversión vinculada directamente al proceso, ascendente a 3 mil 492 millones, 756 mil 932 pesos; de éstos, 2 mil 213 millones, 481 mil 343 pesos, serán invertidos en gastos que inciden en el consumo, por estar destinados a salarios, y a servicios que demandan aumento de mano de obra, y elevan los ingresos de pequeños empresarios y de trabajadores independientes.

Esta inversión es utilizada en los preparativos para la elección de 4 mil 106 cargos públicos, que abarcan los niveles presidencial, congresual y municipal. Están compitiendo por estos cargos, 24 mil 296 ciudadanos y ciudadanas, aspirando a que 6 millones, 765 mil electores, los asuman. Estas personas, hábiles, habrán de concurrir a 16 mil 067 colegios, instalados a su vez en 4 mil 381 recintos.

¿Existe influencia recíproca entre la economía de un país y las elecciones?

Algunos economistas han tratado el tema, regularmente exponiendo macroteorías, donde se vinculan los resultados electorales con coyunturas económicas, que pueden favorecer o no a individuos o grupos que ostentan el gobierno.

El Premio Nóbel de Economía, James M. Buchanan desarrolló, junto a Robert D. Tollison,  lo que entre los economistas y politólogos se conoce como  “Public Choice Theory”, cuya traducción al español es Teoría de la Elección Pública.  En ésta se establece un vínculo entre la economía y la política, a través del Estado.

Rodrigo Taborda Ríos resume la Teoría de la Elección Pública, en las preguntas siguientes: “¿qué determina cuánto y en qué gasta el Estado? Y en las decisiones tomadas de gastos, ¿cómo están representados los ciudadanos?”. De acuerdo a ésta, los votantes, al sufragar, intentan maximizar sus beneficios, lo cual se refleja, positiva o negativamente, en la forma en que el Estado invierta los recursos.

Veamos en la práctica a donde nos conducen estos postulados, con ejemplos de fácil observación.

Después de tres períodos de gobiernos republicanos, el candidato demócrata Bill Clinton, en 1992 derrotó a Georges W. Bush (padre) quien aspiraba a reelegirse, en una situación de dificultades económicas cuya manifestación más palpable en la población votante fue la alta tasa de desempleo. La frase de James Carville, asesor del candidato demócrata, "¡Es la economía, estúpido!", que sirvió como emblema de campaña al candidato triunfador, lo dice todo respecto a este vínculo.

Desde luego, Bill Clinton logró reelegirse, debido, en gran medida, a la excelente situación económica vinculada al Dotcom, término inglés utilizado para designar la burbuja creada por la inversión en el desarrollo de la tecnología digital, que empujó las acciones a niveles elevados, en las bolsas de valores.

En España; en medio de una gran crisis económica, el Partido Socialista Obrero Español, en e1 2011 perdió las elecciones frente al Partido Popular, que postuló a Mariano Rajoy. Rajoy intentó reelegirse en las elecciones del 20 de diciembre de 2015, con resultados congresuales que han creado una situación preocupante, pues las fuerzas políticas no han podido consensuar la formación de un gobierno, el cual, por el sistema  político parlamentario y de elección indirecta, una combinación de monarquía con parlamentarismo, en este sistema sería imposible sin el acuerdo entre las corrientes predominantes en el Congreso.

Precisamente ayer, el Rey Felipe VI, al concluir la tercera ronda de conversaciones con miras a la formación  de un gobierno de consenso, anunció la posibilidad de convocar nuevas elecciones, cuya fecha prevista es el 26 de junio próximo.

En Brasil, luego de unas elecciones reñidas, el 26 de octubre de 2014, Dilma Rousseff, candidata del Partido de los Trabajadores y un grupo de aliados, ganó con 50.99% de los votos, frente al 49,01% de su contrincante, Aécio Neves.

El ejemplo de Brasil puede ser ilustrativo respecto a la influencia que puede tener la economía en la política. Por el empuje de la economía en los gobiernos de Lula, y su propia reelección, por los mismos efectos.

Recordemos que uno de los factores considerados determinantes para que Bill Clinton saliera triunfante de un juicio político, fue el alto nivel de popularidad, vinculado a condiciones económicas favorables. Hoy, el mundo tiene sus ojos en Brasil, donde la Presidenta enfrenta un juicio legislativo para su destitución, en medio de un bajo nivel de aceptación popular, lo cual coincide con un desmejoramiento de las condiciones de vida de la población, agravadas después de la celebración del mundial de fútbol.

Con estos ejemplos, hemos querido plantear una realidad de incidencia de la economía en las elecciones. En Estados Unidos, por ejemplo, los Republicanos se caracterizan por propiciar políticas de Estado en la que los que más ganen paguen menos impuestos; mientras que los Demócratas propician mayores impuestos a las ganancias netas. Esto, sin duda, define la orientación macro de esas corporaciones políticas.

Estas diferencias también se reflejan en la orientación del gasto público. Los demócratas se identifican con los planes sociales y la mayor socialización de los recursos; los Republicanos en cambio, recortan los gastos sociales y propugnan por más centralización económica. De ahí el radicalismo de estos últimos contra la Reforma de Salud (Obamacare), y su oposición militante a los planes de Welfare (Asistencia Temporal Para Familias Necesitadas).

En las elecciones dominicanas, los grupos políticos representan sectores económicos heterogéneos. Sus concepciones sobre cómo invertir los recursos del Estado son poco difundidas, y escasamente digeridas por los votantes. Es difícil que el dominicano promedio, a la hora de inclinar sus simpatías electorales, piense en cómo la elección de un candidato u otro inclinará la política económica hacia un determinado sector.

Con estas palabras no negamos la influencia de la economía en las alternativas electorales. Lo que afirmamos es la falta de conciencia sobre el particular.

Es evidente que el fin de la Guerra Fría, la falta de una ideología predominante, ha traído como consecuencia que en los programas y ejecutorias políticas de los principales partidos, no existan diferencias sustanciales, más bien matices que no permiten al elector tener una diferenciación clara del destino de inversión de los recursos públicos, por parte de quienes resulten ganadores. Esto se incrementó, sobre todo a partir de la muerte de los tres grandes líderes.

Hasta ahora, en estas reflexiones nos hemos referido al tema en el marco de la política económica de los Estados, de la estrategia económica de los grupos políticos y de las respuestas coyunturales de los electores. Pero hay algo específico, inherente al período electoral, que causa interrogantes en algunos grupos. El cuestionamiento recae sobre la influencia inmediata de las elecciones en la economía.

¿Qué puede pasar en el desenvolvimiento económico, como consecuencia de un proceso electoral?

A nuestro entender, la influencia en la dinámica económica está condicionada por el nivel de confiabilidad en la institucionalidad democrática, incluyendo los principales actores políticos, y de manera especial, las instituciones que tienen a su cargo la función electoral.

En contra de esta tesis podría argumentarse que en las naciones desarrolladas suele existir variación en los porcentajes de las bolsas de valores, lo cual es cierto, pero casi siempre en proporciones no significativas, y regularmente pasajeras. En coyunturas de crisis, las elecciones son partes del nerviosismo que parece ser transmitido a la moneda por los actores humanos.

Según el Banco Mundial, desde 1992 hasta 2014, el PIB real de la República Dominicana creció a una tasa promedio de 5.6. En todo este período tuvimos estos procesos:

En el 1994, fueron celebradas unas de las elecciones más cuestionadas, polémicas, e influyentes en el devenir político de la nación. Recordemos cómo la crisis postelectoral indujo a una modificación de la Carta Magna, a la reducción del período gubernamental y a la prohibición de la reelección del Presidente. En ese año, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2.3%, mostrando un descenso drástico, en relación con 1992 (10.5%) y 1993 (7.2%).

En 1990, donde también las elecciones fueron cuestionadas, el Producto Interno Bruto fue de -5.5%. Sin embargo, recordemos que previo a estas elecciones, teníamos una crisis grave en la economía, con escaséz de productos y grandes filas. En 1991 se comenzó a recuperar, alcanzado el 0.9%.

En 1995 la economía continuó su proceso de recuperación, con un 5.5% de crecimiento, y para el 1996, año de elecciones presidenciales, llegó al 7.1%.

Quienes compartimos este auditorio, podemos recordar que entre los acuerdos para superar la crisis postelectoral de 1994, las fuerzas políticas acordaron que la Junta Central Electoral estuviera integrada por personas confiables ante los ojos de los contendientes por la primera magistratura, y de la ciudadanía. Esta Junta estuvo presidida por el reconocido jurista César Augusto Estrella Sadhalá.

A partir de esta fecha, ningún proceso electoral dominicano puede ser asociado a crisis económica, pese a que en varios de éstos, hubo sobresaltos e imperfecciones. Se realizaron elecciones municipales y congresuales en 1998, 2002, 2006 y 2010, con crecimientos del PIB de 7.3%, 4.1%, 10.7%, y 7.3%, respectivamente, superiores todos al 5.6% promedio del PIB real.

Después de 1996, tuvimos elecciones presidenciales en los años 2000, 2004, 2008 y 2012.  Aunque solo en el 2000 se registró un crecimiento por encima del promedio (7.8% del PIB), los analistas coinciden en atribuir otras causas al bajo índice de crecimiento registrado en los años electorales, destacándose la crisis bancaria local, y la crisis financiera mundial, sobre todo en Estados Unidos.

En el 2004, el crecimiento del PIB fue 2%, superior al del año anterior

(-0.4%). En ese año, siendo electoral, la economía dominicana reinició el crecimiento que se vio afectado por la crisis bancaria del 2003.

El análisis de estas informaciones oficiales sobre la economía y el crecimiento en los años electorales, nos lleva a las siguientes reflexiones:

Diversos estudios empíricos han confirmado la importancia de las instituciones sobre el crecimiento económico. Esas investigaciones han demostrado que existe una estrecha relación entre la calidad de las instituciones y el crecimiento de largo plazo.

Los estudios sobre la materia, incluyendo los aportes de los autores del famoso libro ¿Por qué fracasan los países?, establecen una relación directa en la calidad de las instituciones y el ingreso promedio de la población, e incluso plantean que en los países con instituciones sólidas, de calidad incuestionada, esta condición de fortaleza institucional influye en la disminución de los porcentajes de personas que viven por debajo de la línea de pobreza.

“Debe reconocerse que la relación entre instituciones y crecimiento de ingresos es doble direccional. Una economía que se expande, y en la cual se mejora el nivel de educación de la población, es capaz de modernizar sus instituciones, creando un círculo virtuoso a favor del desarrollo económico y social. En ese contexto, cabe destacar que los países más avanzados son los que han logrado fortalecer sus instituciones y convertido éstas en verdaderos instrumentos para alcanzar un crecimiento sostenido del ingreso de la población”.

La actual gestión de la Junta Central Electoral se ha ocupado de transformarla en una institución de servicios públicos, con capacidad de gerenciar las funciones puestas a su cargo, con eficiencia y transparencia; ha modernizado la administración del Registro Civil, e igualmente la Cédula de Identidad y el Registro Electoral.

Se ha convertido en un socio confiable de todo el sistema financiero y comercial, siendo el soporte fundamental en la confirmación de la identidad de sus usuarios; Interviene activamente en programas de cooperación con organismos de seguridad del Estado, en la lucha contra el crimen organizado, y la identificación de los imputados.

Es reconocida su entrega en la ejecución de las políticas públicas definidas por el Estado, a través del Tribunal Constitucional, de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, en la ejecución del Plan Nacional de Regularización, y en el control de población extranjera en condición irregular, además de ejecutar la Ley 169-14, garantizando los derechos al nombre y a la identidad, a todas las personas que inscritas en el Registro Civil, en el período tocado por esa Ley, sin importar la condición migratoria de sus padres, adquirieron la nacionalidad dominicana.

Como órgano del Estado, ha administrado los procesos electorales con mucha eficiencia, garantizando los derechos de ciudadanía expresados en las urnas, haciendo posible que la voluntad de distribución política de las cuotas de Poder, manifiestas con el voto, se haga realidad, y de esta manera, facilita que las políticas públicas que se adopten sean el resultado de la voluntad mayoritaria de la población.

“La captura de las instituciones electorales por grupos de presión provoca inestabilidad política. Ese tipo de captura permite a grupos específicos mantener un poder político totalmente divorciado con la voluntad popular. Esto desemboca en políticas públicas que no favorecen a las grandes mayorías, lo cual deteriora el bienestar de la gente. La crisis económica es un camino que conduce rápidamente a la inestabilidad política lo cual atenta contra la sostenibilidad de la democracia”.

“Esa realidad nos lleva a defender la independencia de la Junta Central Electoral de toda intromisión. Es nuestro mandato evitar influencias que puedan impactar negativamente sobre el trabajo de la Junta y distorsionar la voluntad popular”.

Es obvio que la actuación autónoma y con independencia del órgano electoral, y su vinculación evidente con la política pública de desarrollo, tiende a evitar un deterioro en la vida económica y política de la nación. Esta obligación de la Junta trasciende lo individual, ya que la expresión individual de cada ciudadano, es a su vez, sumado, la expresión colectiva del país. Por esta razón, estamos obligados a garantizar que cada voto cuente y llegue a su destino, y de esta manera evitar la inestabilidad y la volatilidad política, que produce incertidumbre, desaceleración en la economía, y disminución en la inversión productiva, con todas sus secuelas negativas hacia la población.

¿El proceso electoral restringe la economía, la dinamiza o le es indiferente?

Como ya hemos visto, la tesis de que el proceso electoral produce una restricción en la economía, no es cierta. La organización de las elecciones tiene una relación con la industria nacional y con la importación de materiales y equipos que son utilizados tanto para la jornada del día de las votaciones como en la fase de preparación y montaje de las elecciones, actividades que se llevan a cabo con anterioridad.

Cuando analizamos los componentes, ya sean equipos, materiales o servicios necesarios en la organización de las elecciones, nos damos cuenta de la diversidad. Veamos algunos casos:

La importación de equipos de tecnología, los cuales son utilizados desde la tradicional computadora hasta servidores de gran capacidad, procesadores, equipos de comunicaciones; producción local de maletas y bultos; la industria gráfica (afiches, folletos, cuadernillos, volantes, boletas, carpetas, etcétera).

Además, la contratación de servicio de telecomunicaciones; servicios de transporte; importación de material gastable para el uso de los colegios electorales, como lapiceros, papel carbón, etcétera; publicidad y los medios de comunicación masiva; la industria cartonera; y el sector hotelero.

Esto, sin referir el impacto, en todo este período, de la economía informal de comestibles, mano de obra, y otros insumos, materiales y recursos, que hacen posible las elecciones generales.

A este tema es necesario agregar, que el sistema electoral dominicano está diseñado de tal manera, que no tenemos piso, ni techo, para la financiación de la política; tampoco tenemos piso, franja, ni techo para la propaganda y publicidad política. Los ingresos y gastos por estos conceptos son enormes. Ustedes, más que nosotros, lo saben, y lo padecen.

En el caso dominicano, a diferencia de sociedades más desarrolladas, el proselitismo y la busca de adherentes, descansa excesivamente en el músculo político. Un mitin de cierre de campaña, a un partido tradicional, le significa más de 200 millones de pesos, en un día. Las marchas y caravanas generan un gasto descomunal, tanto de la institución política como de cada uno de los militantes de esos partidos. Las fórmulas presidenciales que se creen con mayores probabilidades, generalmente gastan entre 1,000 millones y 1,500 millones de pesos.

El impacto de este activismo político es indiscutible en el dinamismo de la economía, en cada uno de los renglones anteriormente indicados, y sobre todo en la informal, en los dueños de comedores, “colmadones”, vendedores ambulantes, y todo tipo de actividad que se desarrolla en los recorridos en el territorio nacional, produciendo un derrame que permite que llegue “algo” a los sectores de menos ingresos.

Obviamente, no estamos haciendo una apología sobre el tema. Solo hemos querido ubicar en su contexto lo que significan las elecciones para la economía.

Lo expuesto anteriormente, me permite presentarles la última, y la que considero más importante de mis reflexiones.

Estamos inmersos en un acontecimiento extraordinario, por su amplitud. Se eligen todas las magistraturas, por primera vez en dos décadas. Hay un nuevo padrón, de 6 millones 765 mil  electores, el cual fue realizado en base a la nueva cedulación, y con la incorporación de medidas de identificación biométrica de última generación; lo que nos permite utilizar un sistema automatizado, para determinar con certeza la identidad de cada elector; además, amparados en el artículo 6 de la Ley Electoral 275-97, estamos introduciendo un nuevo sistema de escrutinio electrónico, que disminuirá los tiempos del conteo, eliminará las distorsiones en el voto preferencial, y las quejas de supuestas compras de delegados. En fin, aportará transparencia, eficiencia, certeza y seguridad.

En los últimos 50 años, junto con los avatares políticos y electorales, hemos dejado de ser una sociedad rural, para convertirnos en una sociedad urbanizada y moderna. Los motores de nuestra economía son el turismo, las comunicaciones, las finanzas; los servicios, en general. Últimamente, nuestra economía está impactada por la minería; en la producción agrícola tenemos un buen sostén, el sector privado se diversifica; existe un gran número de medianas y pequeñas empresas, así como importantes corporaciones industriales, financieras y agropecuarias.

Estas elecciones con sus complejidades e innovaciones, se desarrollan en un contexto alejado de la crisis política. Esto es algo importante, ya que debe llevarnos a tratar de que el sector político de nuestro sistema democrático siga los pasos del sector privado en la economía. ¡Que se modernice!.

Sería patológico que nos conformemos con lo que tenemos; que solo  pensemos en reformas políticas desde la crisis, y no desde la calma de instituciones que si bien es cierto están sustentadas en sólidas bases democráticas, exigen una lectura crítica de sus propios desempeños. Es un tiempo único para una revisión profunda de nuestras legislaciones electoral y de partidos políticos, para que ésta sea una decisión meditada.

Así como la sociedad transformó una parte importante de su matriz económica, también debe transformar todo lo que es su estructura política, para aportar mayor equidad, seguridad, igualdad; y con ello una economía de mercado con profunda vocación humanista.

Las críticas al sector empresarial es no haber entendido que las reformas políticas no son tareas exclusivas de los políticos; no se le puede dejar solo a ellos, sino que debe ser de interés de toda la sociedad.

Esto tiene que ver con el concepto de integridad electoral, que no es más que el fruto del trabajo mancomunado de la sociedad, de sus instituciones representativas: el empresariado, los trabajadores, los partidos políticos; y las instancias del Estado involucradas en el quehacer cotidiano de la política.

La integridad electoral es una responsabilidad de todos y de todas. La elección es un acto colectivo. Las deficiencias e insuficiencias del sistema por el cual se eligen las dignidades, nos afecta a todos, y por tanto, nos compete a todos participar de sus soluciones.

Se trata de la esencia misma del sistema representativo, que sustenta su funcionamiento en procedimientos, leyes y reglamentos justos, transparentes y garantistas de los derechos de los ciudadanos y de los partidos. Un proceso electoral íntegro requiere de la ausencia de distorsiones ilegítimas en todas sus fases. Es la clave para unos resultados confiables. Es un ideal, es el nuevo paradigma de estos tiempos.

Mi llamado, finalmente, es requerir de ustedes, aprovechar la oportunidad de la conformación de un nuevo Congreso, el 16 de agosto próximo, para lograr una reforma virtuosa, que nazca, no fruto de la coyuntura, sino de la convicción de todos, de que somos corresponsables de pensar, diseñar y reformar nuestro sistema electoral, para realizar unas elecciones íntegras. La estabilidad económica y política que hemos alcanzado, nos exige dar ese paso.

Nuestra historia de sacrificios y desencuentros, del heroísmo de quienes construyeron la nacionalidad y la defendieron cada vez que fue amenazada; nuestra libertad y soberanía, que son partes intrínsecas de nuestra identidad, nos obliga. La historia nos convoca. ¡Juntos debemos acudir a su encuentro!.

¡Muchas gracias!