En el día de ayer se conoció el informe rendido por la Misión “Técnica para conocer la Situación en la Zona de Frontera de República Dominicana y Haití” de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual, al visitar nuestro país, tuvo la gentileza de desplazarse a la Junta Central Electoral, para conocer in situ de la Administración de las políticas registrales por parte de la JCE, y su impacto en las políticas de identidad, muy en particular, para conocer de los resultados de la auditoría ordenada por la Sentencia TC/0168/13, dictada por el Tribunal Constitucional y por la Ley 169-14, del Congreso Nacional.

El informe rendido por la referida Comisión, cuyos redactores evitaron emitir juicios que comprometieran su imparcialidad, deja claro el reconocimiento por parte de la OEA, al derecho inalienable de República Dominicana, de establecer las políticas migratorias que soberanamente entienda. De igual manera, se reconoce el esfuerzo del Estado Dominicano en la implementación de estas políticas, y los avances obtenidos.

Expresamos a la OEA nuestra preocupación por el hecho de que aproximadamente el 60% de la población nacida en territorio haitiano no ha sido documentada por su propio Estado, y que por lo tanto, el Estado Haitiano, con esta actuación, le niega a sus propias personas el derecho al nombre, a la identidad y a la nacionalidad; lo que lo convierte en un Estado productor y exportador de potenciales apátridas, pero por interés y voluntad de los gobernantes de Haití, por lo que a nuestro entender, cuando la Comisión dice reconocer “que existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida”, consideramos que se refiere a quienes producto de la inconsecuencia del Gobierno de Haití, deambulan sin documentos que les identifiquen.

En su momento, informamos a la misión de la OEA, que al margen de que Haití documente a sus ciudadanos en su propio país, y que la República Dominicana concluya con la ejecución de la reforma migratoria en curso, es difícil que se produzcan conversaciones entre los dos Estados, sobre el tema de la migración.

El Presidente de la Junta Central Electoral destacó que ofreció un amplio detalle a los comisionados de la OEA en relación a la auditoría realizada a los libros registros del Estado Civil, con todos los pormenores de la misma y de cómo la misma pudo corregir la documentación de una cantidad importante de personas que no sabían que sus documentos confrontaban inconsistencias.

De igual manera, el presidente de la JCE dijo que el Gobierno Haitiano, ha colocado al Gobierno Dominicano en una situación incómodo, al hacer acusaciones inverosímiles tan temerarias, como de provocar una supuesta crisis humanitaria, establecer supuestos campos de concentración, práctica de torturas, generar apatridias, deportaciones masivas, racismo y xenofobia, entre otras acusaciones, que acompañadas de un llamado al boicot de nuestro turismo y la intervención de organismos internacionales en nuestros asuntos internos, hacen poco probable retomar la mesa del diálogo.

El Presidente de la Junta Central Electoral entiende que la Organización de Estados Americanos debe contribuir a crear un clima propicio para reanudar las conversaciones entre los dos Estados vecinos y fronterizos. En tal sentido, entiende que previo a cualquier llamado a negoción o conversación entre las partes, la OEA debe auspiciar
una fase que obligue al Estado agresor haitiano a renunciar a esa campaña de odio y difamación contra la República Dominicana que no contribuye a la convivencia pacífica.
Es decir que para que existan condiciones para el diálogo entre ambos países, es prioritario que el Estado Haitiano resuelva el tema de la falta de documentación de sus nacionales en su propio territorio, donde, como hemos recalcado, cerca de un 60 por ciento de sus habitantes no cuentan con ningún documento de identidad.

De igual manera, reiteramos, Haití debe cesar su campaña internacional de Odio y difamación contra nuestro país.

Asimismo, se debe conseguir que el Estado haitiano cumpla la obligación de documentar a sus nacionales, y garantizarles los derechos fundamentales en su país, ya que la irresponsabilidad en la gestión documental de sus habitantes, está generando un estado de inseguridad regional, que afecta a todos los Estados receptores de su emigración.

Es importante resaltar que en el Informe de la Comisión Tecnica de la Organización de Estados Americanos, OEA, no hace referencia al hallazgo de la supuesta crisis humanitaria, ni a los supuestos campos de concentraciones, supuestas torturas ni supuestas deportaciones masivas de personas de origen haitiano, como había denunciado el gobierno del vecino estado en varios foros de organismos internacionales.

Y si este informe no cita esas acusaciones que realiza el Estado haitiano en el exterior, con el objetivo de incentivar el odio y la xenofobia contra la República Dominicana, es porque los comisionados de la OEA no pudieron comprobar que tales hechos ocurren en nuestro país.