El objetivo principal de este Convenio es que la Junta Central Electoral proveerá todo el Software y el Hardware necesario para la actualización de la información biométrica en todos los centros de reclusión, proveyéndole equipos especializados en esa materia y el sistema multi-biométrico para consultar e identificar personas, imputados y privados de libertad.

Por su parte, la Procuraduría General de la República suministrará la información sobre el estado de las personas que guardan reclusión, muy en particular la notificación por las vías correspondientes de los casos en que las sentencias condenatorias a penas criminales o aquellas mediante las cuales queden establecidos hechos que ameriten la suspensión del ejercicio de los derechos civiles del ciudadano, como lo establece el Artículo 31 de la Ley 55-70. De tal manera, que al emitir el documento de identidad e identificación, se haga constar la condición jurídica de cada persona desde el punto de vista judicial.

En adición, este Convenio servirá para proveer de equipos y técnicos que harán más eficiente la detección del delito y la persecución y detención de los delincuentes.

Otro de los temas abordados en este Convenio, es el inicio de los trabajos que permitan que toda persona recluida, pero sobre quien no haya recaído sentencia condenatoria e irrevocable pueda ejercer su derecho constitucional el 15 de mayo del 2016, iniciando por primera vez en la República Dominicana el voto penitenciario de los internos de manera progresiva, de conformidad con lo establecido por las leyes y como lo permitan las circunstancias del momento.