El Ministerio Público, la Policía Nacional y la Junta Central Electoral desarticulan estructura de falsificación con la Operación Colibrí

El Ministerio Público, la Policía Nacional y la Junta Central Electoral desarticulan estructura de falsificación con la Operación Colibrí

Como parte de las investigaciones, realizaron allanamientos simultáneos en los que ocuparon múltiples evidencias contra los imputados

Publicado por: Dirección de Comunicaciones/Thursday, November 9, 2023/Categorías: Pleno JCE, La JCE, Dependencias

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SANTIAGO (República Dominicana).- El Ministerio Público y la Policía Nacional desarticularon, en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE), una amplia red que se dedicaba a la falsificación de documentos públicos, incluyendo actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, títulos de propiedad, licencias de conducir y permisos para porte de armas, para venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros.

La Operación Colibrí, puesta en marcha por el Ministerio Público contra personas que lesionaron el sistema del Registro Civil del país, cuenta con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía y otras fuerzas especiales del cuerpo del orden.

Las acciones movilizaron a 20 fiscales y más de 200 agentes policiales que realizaron 18 allanamientos en los que se arrestaron a más de una docena de personas, incluyendo a dos empleados de la JCE.

Desde hace varios meses los departamentos de Investigación y Falsificación de la Fiscalía de Santiago seguían los movimientos fraudulentos de los integrantes de la red, en coordinación con las direcciones de Seguridad Civil, Inspectoría, Cedulación y Consultoría Jurídica de la JCE.

Además de la emisión fraudulenta de cédulas de identidad, la red desarticulada con la Operación Colibrí se dedicaba a la falsificación de licencias de conducir, licencias para el porte y tenencia de armas de fuego, diplomas de bachillerato, actas de bautismo, matrimonio y hasta actas de defunción.

Los arrestados en los allanamientos podrían enfrentar cargos por los delitos de suplantación de identidad, uso de documentos falsos y falsificación de documentos públicos, sancionados por el Código Penal Dominicano, además de los descritos en la Ley 8-92 sobre Cédula de Identidad y Electoral.

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