La Junta Central Electoral (JCE) presentó su “Protocolo de Actuación en casos de Violencia, Discriminación y Acoso”, el cual fue elaborado desde la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y contempla penalizaciones, así como la protección de la víctima y el o la denunciante.

Dicho protocolo, aprobado por los miembros del Pleno de la JCE, está basado en el marco jurídico nacional y pone de manifiesto la intención de la JCE de facilitar los medios para impedir que sus colaboradores sufran algún tipo de acoso y contribuir con un entorno laboral libre de discriminación y violencia.

La ejecución de este plan se deriva de las políticas públicas que desarrolla la citada comisión, la cual es coordinada por la miembro titular del Pleno de la JCE, Patricia Lorenzo Paniagua, quien ha manifestado que en la institución habrá mano dura y tolerancia cero contra todo aquel que deshumanice y vulnere la integridad de los colaboradores.

El protocolo de actuación define las conductas a prevenir y establece las medidas a tomar para dar curso a las denuncias o reclamaciones que se pudieran formular y para ello se ha establecido un procedimiento que se pondrá en marcha inmediatamente se presente un caso de esta naturaleza. En este procedimiento se garantizará siempre la confidencialidad y protección de la identidad de las personas afectadas, así como de todas aquellas que intervengan en el proceso.

El documento, que fue puesto al alcance de todos los servidores de la JCE para que dominen su contenido, informa qué hacer ante un caso de acoso, a quiénes acudir, cuál es el protocolo de seguimiento y qué acto se puede tipificar como acoso en el trabajo.
La JCE considera que la violencia de género, así como la discriminación, el acoso sexual y laboral suponen un atentado a la dignidad de las personas, y que el lugar del trabajo no escapa a estos males que hay que disminuir y erradicar.

Dicho protocolo busca prevenir y evitar situaciones que perjudiquen emocional o físicamente a un servidor o servidora, así como facilitar las herramientas a quien pueda ser víctima de abusos penados por la ley.