Conforme a una nota de prensa de la Procuraduría General de la República el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró impuso tres meses de prisión preventiva a Ferrand Abreu, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Durante la solicitud de medida de coerción la JCE, representada por su consultor jurídico, Denny Díaz Mordán; el Ministerio Público por la fiscal litigante Esther González Peguero, representante del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral y el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, sustentaron la solicitud de prisión preventiva en diferentes evidencias testimoniales, documentales y materiales, así como imágenes fotográficas.

La imposición de la medida va en consonancia con la posición del Pleno de la JCE en el sentido de que toda acción que atente contra la institucionalidad y todo acto ilícito tendrá consecuencias.

La instancia de solicitud precisa que el 22 de mayo pasado, el imputado se presentó a una tienda de equipos electrónicos de Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, donde vendió al propietario del establecimiento 22 mini CPU, o procesadores de computadoras, de la marca Hp Pro Desk 400 G4, con los seriales y códigos de la entidad responsable de los procesos electorales y del registro civil.

El órgano de justicia indicó que el 15 de julio, en horas de la madrugada, Ferrand Abreu penetró a otro de los locales del órgano electoral, ubicado en Las Colinas, sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, donde se almacenan equipos de alto costo.

Detalló que una vez en el lugar le aseguró al guardia de la seguridad que se reuniría allí con otros empleados que se dirigían a Jimaní a dar un soporte técnico y, a los pocos minutos, salió del lugar con una mochila conteniendo varios mini CPU, entre otros dispositivos, los cuales introdujo en su vehículo, hecho que fue captado por las cámaras de seguridad.

“En fecha 19 de julio del año 2021, el imputado Aneudy Alexander Ferrand Abreu contactó al subencargado de Investigaciones ante la Junta Central Electoral con la finalidad de supuestamente entregar equipos que este había sustraído, siendo detenido en virtud de una orden de arresto que se había emitido en su contra”, señala el órgano de la persecución penal.

Precisa que al momento del arresto conducía un vehículo en el que se le ocuparon 22 mini CPU, con sus cargadores. El Ministerio Público le atribuye a estos hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 379 y 386-3 del Código Penal, así como el artículo 3, literales A y B, de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.