Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.- La Magistrada Rosario Graciano de los Santos, Miembro Titular del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) y Coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, participó este jueves en la “II Conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas” que se realiza en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante los días 11 y 12 del mes de octubre.

Graciano de los Santos realizó un recorrido histórico sobre la evolución de la participación política de la mujer en Latinoamérica y señaló aspectos tan relevantes como los inicios del ejercicio del sufragio para la mujer en las décadas de 1920 y 1930, en países como Uruguay en 1927; Ecuador y Puerto Rico en 1929; Brasil en 1932; y por su parte, Cuba y El Salvador, en 1934 y 1939, respectivamente.

En lo que respecta a la República Dominicana, recordó que el derecho al sufragio para la mujer comenzó a manifestarse en el año 1942 y que hoy en día esa lucha por la Igualdad de Género se puede ver reflejada en los avances que muestran la participación política de la mujer en la conducción del Estado a cargo de mujeres, es decir, presidentas, vicepresidentas, representantes de órganos legislativos y municipales, así como ministerios, entre otros.

En ese mismo sentido, de los Santos destacó que “es significativo señalar que los efectos de dichos avances se podrían disminuir al no incentivarse de manera efectiva la participación de la mujer en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, no solo en las posiciones públicas sino a lo interno de las organizaciones políticas, específicamente en puestos de toma de decisiones”.

Dentro de su análisis enfatizó que no existe en nuestros países la cultura de la paridad, cuyo fenómeno comienza a evaluarse de manera significativa a partir de los años 90 de manera muy gradual y hasta “tímida”, y que a su juicio las leyes afirmativas o de cuotas no han sido adoptadas con la efectividad que demandan las realidades sociales y políticas.

En su paso por el tema de las aprobaciones constitucionales o legislativas para la introducción de mujeres en candidaturas de países de Centro y Suramérica, resaltó que “estas acciones afirmativas van acompañadas de una serie de desafíos y hasta desventajas que se convierten en alegatos para que las organizaciones políticas pretendan desconocer la importancia del sexo femenino en las tomas de decisiones”, y que a su parecer se basan en “argumentos baladíes como aquel que hace referencia a la necesidad de que la mujer administre el hogar y cuide de los hijos”.

De los Santos hizo énfasis en que la participación femenina y más aún, la equidad e igualdad de género, son temas que van adquiriendo una mayor trascendencia en la sociedad y que se hace imperativo para las organizaciones políticas asumir la participación igualitaria de mujeres y hombres en el contexto de la presentación de las candidaturas, ya que en aquellos países donde se han establecido dichas figuras, se ha creado una conciencia de identidad igualitaria.

Refiriéndose a la composición de Órganos Electorales, colocó como ejemplo a la JCE, cuyos miembros son designados por el Senado de la República y cuya membresía, aunque es de mayoría masculina, han convenido en respetar la participación femenina, y asimismo de cinco miembros titulares que integran el órgano de administración electoral, dos son mujeres, lo que representa un 40% de participación femenina.

En ese mismo sentido, mencionó las diferentes funciones de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género que encabeza y explicó que la misma se encargó de diseñar un “Observatorio de Participación Política de las Mujeres”, con la finalidad de crear y dar seguimiento a dichas funciones que constituye un sistema de información sobre la situación de la participación política de la mujer en la República Dominicana.

Para finalizar, la Magistrada Graciano de los Santos se mostró satisfecha y agradecida por poder concurrir ante los presentes con un tema tan relevante como el análisis de la discusión de igualdad de género en instituciones políticas y órganos de representación popular.