Representantes de la entidad Amnistía Internacional nueva vez se presentan a la República Dominicana y despachan hacia los medios de comunicación nacional e internacional que contienen informaciones y afirmaciones que no responden a la verdad y que más bien podrían ser consideradas especulativas y calumniosas en perjuicio de la República Dominicana.

A tal efecto, se atreven a solicitar al Estado Dominicano la modificación de su ordenamiento jurídico y su adaptación a los intereses, criterios y caprichos de Amnistía Internacional y de sus financiadores, como si la República Dominicana no fuese un Estado soberano con capacidad para administrar y decidir sobre todos los temas propios de una Nación que vive en un estado social, democrático y de derecho, y como si de ellos dependiera la existencia de nuestro país.

La verdad es que el Estado Dominicano en cumplimiento de lo dictado por la Sentencia No.168-13, a través de sus instituciones llevó a cabo una labor de revisión y transparencia de los libros registros en que se asientan los datos de las personas para garantizar los derechos fundamentales que les confieren la Constitución de la República.

Como consecuencia de la labor, más de 55 mil folios correspondientes a personas de más de 100 nacionalidades y de ciudadanos de la propia República Dominicana, fueron actualizados, sus expedientes completados y hoy disfrutan sin distinción ni discriminación de los derechos que nuestro país puede ofrecer a todos sus habitantes. En esa labor, legaciones diplomáticas de diferentes países como Estados Unidos, Japón, Ecuador, México y España entre otros, asistieron y facilitaron documentaciones para el registro de aquellos descendientes de ciudadanos de sus respectivos países. Por demás, muchos ciudadanos de la República Dominicana, hijos de padres extranjeros, aportaron la documentación que permitió actualizar sus registros sin ningún tipo de restricciones, limitaciones o quejas.

De esas personas, cuyos expedientes fueron trabajados en la Auditoría del Registro Civil, la Junta Central Electoral ha proporcionado con posterioridad a la auditoría servicios de cédula y actas. Por este concepto 10,051 personas, se han presentado a nuestras oficinas por su cédula de identidad y electoral y 9,424 han recibido una acta, y en todas las Oficialías del Estado Civil han recibido nuestras instrucciones para que cualquiera de los inscritos en el listado de los 55 mil folios, sean atendidos con prioridad y les sean entregados los documentos que les correspondan.

De igual manera, es una afirmación falsa la que establece que no hubo difusión o información sobre el Plan de Regularización o que no hubo facilidad para la obtención de los documentos establecidos, cuando la realidad es que hubo una profusa e intensa campaña de difusión e información del referido Plan y sus beneficios, tanto desde el Estado, como de las propias entidades de la Sociedad Civil, utilizando todas las modalidades de medios de comunicación, como prensa escrita, radial, televisada, digital, entre otros.

Como consecuencia de esta política, en el Plan de Regularización, a los hijos de extranjeros en condición migratoria irregular, se inscribieron 8,755, de los cuales, la JCE ha recibido 6,258 expedientes. De estos, 5,092 se encuentran debidamente asentados en nuestros registros y 301 están en proceso. Y apenas 55 expedientes fueron devueltos por inconsistencia; es decir, la JCE no tiene pendiente ningún otro tipo de trámite.

En ese mismo orden, el Ministerio de Interior y Policía, capturó la información biométrica y recibió solicitudes de registro en el Plan de 297,230 personas de diferentes nacionalidades. Esta institución imprimió 143,666 carnets para ser entregados a sus propietarios. Se detectaron 135 de estos solicitantes con cédulas como dominicano, aunque con otras generales, y 199 personas con nombres diferentes. En adición, recibieron permisos de estadía otorgadas por el Ministerio de Interior y Policía, más de 80 mil personas, con un sello en su pasaporte, entregado en sus países de origen.

En ocasiones este plan migratorio ha sido más flexible con hijos de extranjeros residentes en el país, incluso más que con los hijos de nuestros conciudadanos. 

La República Dominicana no puede poner a depender sus políticas migratorias, su definición constitucional ni su ordenamiento jurídico, de la voluntad de otro país, ni de instituciones internacionales que respondan a intereses ajenos y contrarios a los nuestros.

Cuando Amnistía Internacional declara que hay apatridia en República Dominicana, pretende obligar a nuestro país a asumir como dominicanos a todos aquellos que el Gobierno Haitiano considere que no es nacional de ese país.

Esta entidad debe presentar de manera responsable los nombres y las informaciones de quienes ellos dicen que están siendo discriminados y no despacharse con declaraciones genéricas e irresponsables.

La República Dominicana es el único país que lleva a cabo una reforma migratoria integral, en estricto respeto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, reforma ésta que ninguno de los países donantes que sustentan Amnistía Internacional ha realizado, sin que hasta la fecha esta entidad haya reaccionado. Además de esto, nuestro territorio recibe un volumen de inmigrantes que desborda nuestra capacidad como país, pese a lo cual dichas personas trabajan libremente en todos los sectores de nuestra economía, tienen derecho a la educación y disfrutan de atenciones de salud como todos los dominicanos.

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