El Presidente de la Junta Central Electoral denunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ofreció un trato desconsiderado a la República Dominicana al convocar a participar en una audiencia sobre supuesta violación de los derechos humanos en perjuicio de personas de ascendencia haitiana sin ofrecer el plazo reglamentario para la preparación de la defensa.

El doctor Roberto Rosario Márquez dijo que el referido organismo regional no respetó la dignidad del Estado dominicano, al convocarlo a una audiencia sin especificar los nombres de las personas supuestamente afectadas por la negación de documentos de identidad, y violando los tiempos establecidos por sus propios reglamentos.

A su entender, el Estado Dominicano debe participar en esa audencia y emitir una nota de protesta a la referida comisión, para que a partir de ahora tenga la delicadeza de cumplir con los plazos establecidos en sus propios reglamentos a la hora de convocar a la República Dominicana en el futuro.

El doctor Rosario Márquez ofreció una rueda de prensa, donde también destacó que las organizaciones que reclaman un trato privilegiado para esas personas, no esperaron que su denuncia sea conocida de manera definitiva en el país, tomando en cuenta que actualmente existe una apelación a dos recursos de amparos auspiciados por esas mismas organizaciones, ante el Tribunal Constitucional.

Recordó que todos los dominicanos, sin distinción, tienen que llenar un procedimiento para la obtención de la Cédula de Identidad y Electoral, que incluye la presentación de un acta de nacimiento, procedimiento que pretende ser violado por organizaciones que reclaman un trato privilegiado para las personas que ellos defienden.

En la rueda de prensa, el Presidente de la Junta Central Electoral dijo que la institución fue informada de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó una audiencia para conocer denuncias hechas por un grupo de Organizaciones no Gubernamentales, e instituciones internacionales afines; respecto de los llamados ¨derecho a la nacionalidad de dominicanos de ascendencia haitiana¨; para el próximo dos de noviembre.

Resaltó que según el documento recibido en esta fecha, la solicitud en cuestión fue remitida el 20 de este mes al señor Emilio Alvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH. El escrito contentivo de la información que suministraron los solicitantes fue tramitado dos días después, por la señora Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión.

“El doctor Roberto B. Saladín, Embajador Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos, lo envió el 23 de octubre al Ingeniero Carlos Morales Troncoso, Ministro de Relaciones Exteriores. En todo su escrito genérico, los denunciantes no han aportado hechos puntuales que demuestren la violación de derecho específico, momento a partir del cual corren los plazos del derecho internacional; lo cual al día de hoy no ha ocurrido”, anotó el magistrado Rosario Márquez.

Comentó que como se puede observar al Estado Dominicano no se le ha concedido el tiempo mínimo prudente para presentarse a conocer de los alegatos expuestos por las organizaciones denunciantes; con lo cual la Comisión ha violado los artículos 64 y 66 de sus propios reglamentos.

Citó el ¨Artículo 64. Audiencias sobre peticiones o casos, que establece lo siguiente:

1. Las audiencias sobre peticiones o casos tendrán por objeto recibir exposiciones verbales y escritas de las partes sobre hechos nuevos e información adicional a la que ha sido aportada durante el procedimiento. La información podrá referirse a alguna de las siguientes cuestiones: admisibilidad; inicio o desarrollo del procedimiento de solución amistosa; comprobación de los hechos; fondo del asunto; seguimiento de recomendaciones; o cualquier otra cuestión relativa al trámite de la petición o caso¨.

4. "La Secretaría Ejecutiva informará a las partes acerca de la fecha, lugar y hora de la audiencia, con una anticipación no menor a un mes de su celebración¨.

¨Artículo 66. Audiencias de carácter general.

1. Los interesados en presentar a la Comisión testimonios o informaciones sobre la situación de los derechos humanos en uno o más Estados, o sobre asuntos de interés general, deberán solicitar por escrito una audiencia a la Secretaría Ejecutiva, con una anticipación no menor a 50 días del inicio del correspondiente período de sesiones de la Comisión¨.

El Presidente de la Junta Central Electoral manifiesta que la rapidez en el tiempo establecido, y en sentido general, la forma en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está abordando el tema, fragua un alto nivel de desconsideración a la República Dominicana, como Estado miembro; más aún, si se tiene en cuenta que a la fecha no hemos sido informados de los casos específicos, ni de las personas supuestamente afectadas, con los alegados procesos violatorios a los Derechos Humanos. Esto imposibilita que la Junta Central Electoral suministre al Estado Dominicano las informaciones y documentos necesarios para defender la legalidad, y la dignidad de nuestro país.

Y en ese sentido expresa que la Junta Central Electoral hace saber su inconformidad con este tratamiento, desconocedor de elementales normas democráticas y procedimentales.

En contraste con esta actitud, recuerda que en fecha 28 de enero del año 2011, el Estado Dominicano formalizó ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una invitación verbal hecha el 24 de enero de 2011, para que la misma se trasladara a República Dominicana para in-situ recabar información y conocimiento de los temas vinculados al registro de nacionales y extranjeros en el país, recordó.

Y resalta que como se puede comprobar, desde esa fecha hasta el día de hoy ha transcurrido un año y nueve meses; el Estado Dominicano y la Junta Central Electoral no han merecido de la CIDH siquiera una carta de cortesía declinando la invitación.

Por demás, con frecuencia fijan audiencia para conocer de temas, o denuncias, aportados por organizaciones nacionales e internacionales, sobre los cuales se encuentran apoderadas instancias jurisdiccionales competentes, de acuerdo a nuestra Constitución y leyes internas, que no están en desmedro de la legislación internacional, ni de los acuerdos suscritos por el Estado Dominicano. Esto constituye una violación flagrante a las más elementales normas del Derecho Interamericano.

Son éstas las justificaciones que impiden a la Junta Central Electoral comparecer a la audiencia fijada para el próximo dos de noviembre, además de la reflexión vinculada a la dignidad de Estado.

Y concluyó que considera que el Estado Dominicano debe elevar una nota de protesta ante los hechos que estamos informando.