Quito, Ecuador. - El presidente de la Junta central Electoral (JCE) Román Andrés Jáquez Liranzo abordó los desafíos que enfrentan los órganos electorales en la región y la importancia de la jurisprudencia electoral, durante una conferencia en Ecuador, organizada por el Tribunal Contencioso Electoral de ese país.

Durante la conferencia “La importancia de la jurisprudencia electoral para el fortalecimiento de los sistemas democráticos”, Jáquez planteó los problemas de competencias entre los tribunales jurisdiccionales electorales y los jurisdiccionales constitucionales que se han observado en países como El Salvador, Costa Rica e incluso la República Dominicana.

Señaló que, en principio, la coexistencia entre el órgano jurisdiccional electoral y el órgano jurisdiccional constitucional, está llamada a ser pacífica e incluso complementaria y de perfeccionamiento, sin embargo, en la práctica no siempre sucede así, debido a que ambos órganos suelen tener un mismo origen constitucional y muchas veces se suelen tener enfoques distintos sobre ciertos asuntos vinculados a lo electoral.

“Los problemas más graves que se presentan en ese contexto tienen que ver con los tiempos electorales y la naturaleza del calendario electoral y es que, lo electoral está asociado a celeridad, prontitud, preclusión, calendarización seguridad jurídica, certeza electoral, previsibilidad, certeza normativa, entre otros, todos son principios y reglas esenciales que definen esta materia”, dijo.

Inicia el seminario de #JusticiaElectoral con el conversatorio “La jurisprudencia ecuatoriana: Una visión desde los órganos de administración de justicia” donde participa el #PdteJCE, @RomnJquez, lo acompaña el abogado Juan Emilio Ulloa (@JuanEulloa)...⬇️ pic.twitter.com/9b5D48hVvn

— JCE (@juntacentral) September 28, 2021

Sostuvo que, en el caso de la materia constitucional, la misma se rige por principios, reglas, procedimientos y tiempos distintos y esa diferencia o falta de sintonía entre ambas materias, amerita de un diseño o esquema de definición constitucional o legal que armonice el régimen competencial y las bases que sustentan ambas disciplinas.
Sentenció que lo anterior se hace necesario, debido a que, los costos democráticos e institucionales que supone una decisión con incidencia electoral y que sea dada a destiempo, son muy altos para la sociedad y es por ello que, se hace necesario un proceso de perfeccionamiento de estos esquemas.

“En República Dominicana, tenemos un problema adicional, que nos crea un escenario todavía más complejo y es que, por decisión del Tribunal Constitucional, los actos que son dictados por la JCE deben ser conocidos por un Tribunal Superior Administrativo que pertenece al Poder Judicial y no ante el Tribunal Superior Electoral, por entender, el Tribunal Constitucional, que todos los actos que emanan de la Junta son actos administrativos ordinarios y no actos administrativos electorales, como por ejemplo la impugnación al reconocimiento de un partido político. Es decir, que en materia electoral tenemos tres órganos jurisdiccionales, incidiendo en las decisiones electorales de forma simultánea, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional”, sentenció.

En ese sentido, el magistrado Jáquez consideró que esta jurisprudencia constitucional ha provocado una fragmentación de competencias jurisdiccionales en el sistema electoral dominicano, generando incertidumbre jurídica, afectando la especialización y la unificación de criterios en la jurisprudencia electoral, lo que redunda en la imposibilidad de garantizar una justicia oportuna.

“Si bien la jurisdicción electoral y la jurisdicción constitucional deben complementarse no menos cierto es que, en un sistema democrático lo que debe prevalecer es la especialización y los principios propios que hacen tan particular lo electoral”, puntualizó.

Finalmente reflexionó que lograr la confianza es uno de los grandes desafíos de los órganos electorales en todo el mundo, por ello, expuso, que “es imprescindible tener jueces comprometidos con los valores como la libertad, la igualdad y el pluralismo, así como la especialización de los jueces electorales”.