Una comisión oficial de alto nivel de la República Dominicana concluyó hoy una gira diplomática para explicar la sentencia reciente del Tribunal Constitucional que estatuye sobre la nacionalidad.

Al mismo tiempo, la comisión esparció el mensaje de que la sentencia, aunque vinculante para todos los poderes del Estado, será aplicada con estricto respeto y apego a los derechos humanos de quienes se sientan afectados.

Ante el revuelo provocado por la disposición de la alta corte que aclara quiénes son dominicanos por nacimiento, tres ministros, el presidente de la Junta Central Electoral y una viceministra, en coordinación con la embajada dominicana aquí, se reunieron con funcionarios y congresistas norteamericanos.

En sus encuentros ofrecieron seguridades de que nadie será deportado o despojado de la nacionalidad si la ha adquirido de acuerdo a la norma constitucional que, según explicaron, data del siglo pasado. Y en los casos que se demuestre arraigo o haber nacido en territorio nacional, se buscarán avenidas para la residencia legal y, posteriormente, la naturalización si así lo desea el interesado.

Encabezados por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, los comisionados dominicanos también se entrevistaron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza; el director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y dialogaron con franqueza con una serie de organizaciones no gubernamentales, encabezadas por el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos.

“Nos sentimos altamente satisfechos por la receptividad que hemos encontrado y el alivio que han producido las declaraciones del presidente Danilo Medina de que, aunque la sentencia es de obligatoria aceptación, nos guiaremos por consideraciones humanitarias y el respeto a los derechos de quienes se consideren afectados”, indicó Montalvo.

El ministro de la Presidenciaviajó acompañado de José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía; César Pina Toribio, consultor jurídico de la Presidencia; Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral y Alejandra Liriano, viceministra de Política Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A la delegación se han sumado Aníbal de Castro y Pedro Vergés, embajadores ante la Casa Blanca y la OEA, y Virgilio Alcántara, desde Nueva York, donde encabeza la misión dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas.

Los comisionados sostuvieron, además, un encuentro con el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que el Gobierno dominicano ha invitado a visitar el país y hacer sugerencias sobre el Plan de Regularización de Extranjeros. Y correspondió a Pina Toribio fijar la posición oficial dominicana en la reunión informativa del Consejo Permanente de la OEA, en el que San Vicente y las Granadinas habían solicitado se conociese la sentencia del TC.

“Nuestro mensaje ha sido el mismo, contenido claramente en la posición ante la OEA: el Estado Dominicano no va a permitir que se vulneren los derechos fundamentales de personas que están amparadas por nuestras leyes, ni como consecuencia de esta sentencia ni de ninguna otra. Y para garantizar que así sea, se ejercerá una tutela efectiva de esos derechos, de manera que se respete en todo momento el debido proceso”, aseguró el ministro Montalvo al final de un movido diálogo con una serie de oenegés.

Los comisionados atribuyeron particular importancia a las reuniones al más alto nivel regional en la Casa Blanca con el Consejo Nacional de Seguridad y en el Departamento de Estado, donde respondieron a todas las dudas planteadas sobre los efectos de la sentencia. De manera sistemática, los comisionados insistieron en que la sentencia ofrece “una oportunidad única para avanzar en nuestra política migratoria y de fortalecimiento institucional” y en la decisión de “dar este paso histórico”.

En Capitol Hill, la delegación dominicana compartió con miembros de la Cámara de Representantes, especialmente con aquellos que tienen segmentos importantes de la diáspora haitiana en sus demarcaciones. La mayor preocupación de los congresistas se centró en las alegadas deportaciones que se producirían, lo que fue aclarado con la disposición del presidente Medina de que nadie sea extrañado del territorio dominicano como consecuencia de la sentencia.

Se explicó que la decisión del TC no afecta a todos los hijos de inmigrantes nacidos en el país ya que aquellos con al menos un progenitor residente legal son y continuarán siendo de nacionalidad dominicana.

También se hizo hincapié en que la cantidad de personas afectadas es solo una fracción de los estimados alarmistas y se citó, por ejemplo, que entre los años 2008-2013, la Junta Central Electoral dominicana sometió 16,945 actas de nacimiento a la Dirección de Inspección para su evaluación y de estas, solo 1,088 (6%) fueron suspendidas provisionalmente por razones de duplicidad, suplantación y otras incongruencias.

Ya en la exposición ante la OEA, la República Dominicana había resaltado que los esfuerzos de la JCE por erradicar las irregularidades en el Registro Civil no se limitan a la identificación de violaciones migratorias, visto que durante los años del 2007-2013, canceló 42,015 cédulas de identidad de las cuales tan solo 410 (1%) fueron suprimidas debido a falsos reclamos de nacionalidad.

“Había aspectos legales que aclarar y lo hemos hecho, con la salvedad expresa de que la disposición constitucional corresponde al ámbito de nuestra soberanía, pero no podemos dejar de lado las consideraciones humanitarias de que ha hablado el presidente Medina”, indicó el consultor jurídico Pina Toribio.

Por su parte, Fadul y Rosario refirieron la enorme tarea que les aguarda, dadas las obligaciones que la sentencia pone a cargo de Migración y la JCE. Sin embargo, se mostraron confiados en que las cumplirán satisfactoriamente dentro de los plazos estipulados.