Durante el acto el presidente de la JCE expresó que la misión fundamental de este acuerdo es fortalecer la interoperabilidad entre las instituciones del Estado para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos relativos a los registros, asegurando que los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a trámites esenciales de manera ágil, segura, eficiente y transparente, en cumplimiento con la Ley 4-23.

Explicó que mediante este acuerdo se garantiza la implementación del Sistema Nacional del Registro Civil, dispuesto en el artículo 14 de dicha normativa, cuya creación requiere compromiso e integración de instituciones estatales, para acercar los servicios a la ciudadanía, consolidando la Gestión del Registro Civil mediante la interconexión de las entidades que generan y utilizan información vital.

“¿Por qué la firma de este acuerdo? 

Tras lanzar la pregunta de ¿por qué la importancia de este acuerdo y de si no basta con un mandato legal de la Ley 4-23 de la eficiencia que se debe dar al estado a través de la interoperabilidad de sus entidades?, el presidente de la JCE enfatizó que la respuesta radica en que el registro civil y la identidad es transversal a toda actuación de un Estado y que en la medida que no haya una interconexión, se dará un mal servicio y se administrará mal. 

“Y aquí interviene uno de los aspectos fundamentales de este acuerdo, es que administrar bien es un derecho fundamental”, externó Jáquez Liranzo.

En este sentido, manifestó que tal y como señala la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación a la administración pública, el derecho fundamental a la buena administración, a un buen servicio, es una obligación inherente a los poderes públicos, a todos sin excepción, en cuya virtud el quehacer público debe promover los derechos fundamentales de las personas, fomentando la dignidad humana, de forma que las actuaciones administrativas armonicen criterios de objetividad, imparcialidad, justicia y equidad y sean prestadas en plazo razonable.

“Este esfuerzo no solo optimiza el derecho a la Administración como derecho fundamental, sino que fortalece y robustece la seguridad y confiabilidad de nuestro sistema de identidad”, señaló.  
 
Sigmund Freund resalta importancia del acuerdo 
 
En tanto que el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, indicó que la firma de este acuerdo  no es solo importante por su impacto económico, por el ahorro en tiempo y dinero, sino por la transformación que implica la eliminación de barreras para agilizar los servicios y propiciar una gestión pública que facilite la optimización en el uso de los recursos, la reducción de trámites innecesarios y el fortalecimiento de la confianza de la población en las instituciones gubernamentales.
 
“A través del programa Burocracia cero buscamos transformar los procesos, reduciendo las barreras que dificultan el acceso de la ciudadanía a los servicios, promoviendo la eficiencia y la transparencia en todo momento”, manifestó Freund Mena.