Conferencia del Magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la Junta Central Electoral, en ocasión a la XXXII Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe. PROTOCOLO DE TIKAL, pronunciado el día 1º de Agosto de 2018

Independencia de los Órganos Electorales

A LOS HONORABLES MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Dr. Roberto B. Saladin Selin

Dra. Carmen Imbert Brugal

Dra. Rosario Graciano de los Santos

Dr. Juan Bautista Cuevas Medrano

José Thompson Jiménez   ( IIDH/ Director Ejecutivo/Capel)

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE),

Presidente, Román Jáquez Liranzo

Miembro, Santiago Sosa Castillo

Miembro, Rafaelina Peralta

Miembro, Cristian Perdomo Hernández

Miembro, Ramón Arístides Madera Arias

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DE HONDURAS,

Magistrado, Marcos Ramiro Lobo González

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES DE COSTA RICA

Magistrado, Luis Brenes Villalobos

Magistrada, Eugenia Chavarría

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DE EL SALVADOR

Magistrada Propietaria, Ana Medina Linares

Magistrado, Carlos Rovira Alvarado

TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMÁ

Magistrado, Segundo Vicepresidente, Alfredo Juncá Wendehake

Magistrada, Myrtha R. Valera Samudio

COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES DE PUERTO RICO

Comisionado Electoral, Miguel A. Ríos Torres

Directora de Asuntos Legales, Julia Álvarez Valentín

COMISIÓN ELECTORAL DE SANTA LUCÍA

Chairperson, Cynthia C. Combie Martyr

Commissioner, Beryl Amelia George

ELECTORAL COMMISSION (COMISIÓN ELECTORAL DE ANTIGUA Y BARBUDA)

Commissioner (Comisionado), Paula Constance Lee

Deputy Chairman, Gary D. Peters

COMISIÓN ELECTORAL DE JAMAICA

Nominated Commissioner, Julián Jay Robinson

Nominated Commissioner, Wensworth K. Patrick Skeffery

Señor Patricio F. Santamaría Mutis,

Presidente Consejo Directivo,

Servicio Electoral  de Chile.

Invitado Especial

Señor Manuel G. Carrillo Poblano,

Coordinador Internacional,

Instituto Nacional Electoral de México

Invitado Especial

     Señoras y señores, el Protocolo de TIKAL se reúne en esta oportunidad por treintaidosava ocasión, y es para nuestra institución, la Junta Central Electoral (JCE), más que un honor poder recibirlos a todos ustedes en nuestro país que los acoge, como siempre,  entrañablemente. Al mismo tiempo queremos externarles nuestro agradecimiento por estar con nosotros y haber aceptado esta invitación para compartir los frutos de esta Conferencia.

     La República Dominicana tiene una larga tradición construyendo su democracia, y en esta oportunidad desea, al recibirlos, contribuir con  todos ustedes compartiendo una gran parte de su experiencia y al mismo tiempo asimilando la vuestra.

     El tema de la Independencia de los órganos electorales siempre es pertinente que sea analizado y tratado, parecería que es justamente el núcleo esencial que por antonomasia define la naturaleza de estos entes oficiales, una vez la confianza pública es directamente proporcional al grado de independencia de nuestras instituciones.

      Ahora bien, cuando nos referimos a la estructura de los órganos electorales muchas veces perdemos de vista que la misma está compuesta por personas, por individuos que viven precisamente en el entramado de la sociedad que los ha visto nacer y desarrollarse.  Son ciudadanos de la polis con deberes y responsabilidades concretas y, al mismo, tiempo sujeto de derecho. Artífices de la aplicación de la Constitución y las leyes.

    En ese sentido nos decía el Presidente de una pequeña Junta Electoral de un municipio rural: “El problema es que la persona que perdió las elecciones es mi vecino”.

    Afirmaba don  Eugenio María de Hostos, en sus Notas de Derecho Constitucional, que la espada de la justicia tiene dos (2)  filos: el Derecho y el Deber, y que ambos filos cortan igual. Hay nudos que solo se cortan con el mandoble de la punta en que terminan los dos filos, a propósito de don Quijote que descabezó un gigante a golpe de su espada con las dos manos; y,  a diferencia de Alejandro Magno que de un golpe de espada cortó el Nudo Gordiano.   

     Hace unas cuantas semanas, estando precisamente en la ciudad de México y participando en una Misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), una académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  nos preguntó, yo diría que nos espetó: - ¿es usted imparcial? –.  Aun cuando en ese momento di una respuesta, como si fuera un reflejo, en el sentido de que la imparcialidad es un valor deseable, el cual es puesto a prueba todos los días en cada decisión que tomamos, sí es cierto, que la imparcialidad guarda una estrecha relación con la objetividad, en tanto los datos de evidente comprobación determinan la certeza que sirve de base a una decisión independiente de nuestros propios deseos personales,  creencias y aspiraciones subjetivas.  

     Dicha pregunta detonó en mí una profunda introspección y avanzando en el razonamiento me vinieron a la mente otros aspectos: - ¿somos realmente independientes? -.

     Definiendo el concepto de libertad personal, nuestro profesor de Antropología  Política,  el Dr. Euribíades Concepción  Reinoso nos decía: “Que la libertad es la capacidad de elección entre alternativas posibles”.  La independencia de las personas y de las Instituciones Electorales está relacionada con variables que determinan cierta interdependencia como serían, por ejemplo: el Congreso, el Sistema de Partidos Políticos, la asignación de los recursos económicos, la opinión pública, el estado de derecho, etc... Con esto queremos decir que la “independencia” absoluta no existe, una vez la esencia de la democracia determina  un régimen que establece pesos y contrapesos para un ejercicio equilibrado que proteja a los ciudadanos de los abusos de los poderes públicos.  Incluyendo, en este caso, al propio y eventual exceso de las instituciones electorales.

    La Constitución dominicana de 2015, en su Título X, establece los componentes de nuestro  Sistema Electoral de una manera integral, concatenando estructuralmente el Ejercicio del Sufragio con:

1.- Las Asambleas Electorales,  las cuales están desde ya convocadas para las elecciones generales y que están articuladas en…

2.- Colegios Electorales, sitos en determinados recintos, con un número específico de ciudadanos inscritos, en una palabra, el Soberano, la soberanía popular,

3.- Los Referendos, o el mecanismo de las consultas populares   reguladas por una ley,

4.- La Junta Central Electoral, que organiza y dirige, las Asambleas Electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación de participación popular y con facultades reglamentarias establecidas en la Constitución y las leyes,

5.- El Tribunal Superior Electoral,  con la misión esencial de juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y  los diferendos al interno de los partidos políticos o entre éstos,

6.- Los Partidos Políticos, con el propósito esencial de presentar la propuesta de las candidaturas a los distintos niveles de elección: Presidencial, Congresual y Municipal,

    Esto sin dejar de mencionar por supuesto,  el Tribunal Constitucional para el control de la constitucionalidad, el Tribunal Superior Administrativo y la Cámara de Cuentas.

    Esta visión sistémica permite poner en contexto la independencia y nuestra propia soberanía, sujeta en el estado de derecho mediante vasos comunicantes interinstitucionales que sostienen una organicidad  diseñada por el constituyente.

    Así como Emile Durkheim, en su obra clásica “El Suicidio”, analizando las causas de los suicidios, plantea que los individuos vivimos socialmente orbitando como lo hacen  los planetas en un sistema solar, enlazados unos a otros por fuerzas gravitacionales,  entendemos nosotros, que así mismo los órganos electorales, estamos integrados por la constitución y las leyes a un Sistema Electoral del que somos parte, pero que podríamos por un error o y aun por  mala gestión, desorbitarnos, con las consecuencias de languidecer o perecer en la confianza imprescindible para declarar y certificar los ganadores de un certamen electoral. 

    En los últimos años personalmente he procurado someter a prueba los actos que realizo haciéndolos pasar por el siguiente matiz: -- a) ¿Puedo explicarlo?--. b) ¿Puedo explicármelo a mí mismo? c) Se lo podría hacer entender a  la comunidad política y a mi familia. En particular,  resiste el juicio de  mi nieta que en breve cumple 8 años.

    Esto último sería, en nuestra humilde opinión, la extensión al detalle práctico del principio de razonabilidad que hoy atraviesa transversalmente todo el ordenamiento jurídico.  Art. 40.15  “La Ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es útil y justo para la comunidad…”

    En una palabra solo debe hacerse lo que uno puede explicar en el esquema de lo útil y justo. De donde la independencia está delimitada,  precisamente determinada por la  legalidad, razonabilidad y objetividad una vez protege a nuestras instituciones de caprichos y veleidades; y,  las preserva además, de malas ideas que a veces se ponen de moda, sin que los propios órganos hayan discernido en detalle las consecuencias de una decisión que impacta su desempeño.

   Alguien ha planteado una alegoría, a propósito de los límites naturales, para el sentido común: “si me encuentro con una serpiente en la carretera podría decidir matarla o dejarla ir; ahora bien, esa  serpiente reptando en el jardín de mi vecino plantea una situación nueva, en la que el lindero de la propiedad privada matiza aún más la decisión; pero, esa misma serpiente, en la cuna donde está durmiendo el hijo de mi condómino establece una situación completamente distinta. Es la misma serpiente. Simplemente han cambiado los ámbitos que delimitan mi accionar. Ojo, ¿qué hacer cuando la culebra aparece  en nuestra casa? 

    En su obra “La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional”, el Maestro Don Eduardo García de Enterría, dice: “que ni los Parlamentos, ni los partidos políticos, aceptarían jamás  a un Tribunal Constitucional que decidiese las graves cuestiones constitucionales  que le son sometidas  sobre la base de criterios simplemente personales,  de simpatía o de opción política de los jueces.”

    Esto  último es perfectamente aplicable a todas nuestras instituciones, las cuales tenemos a nuestro cargo la organización de las elecciones y el juzgamiento de sus diferendos.

    Por suerte arguye el autor refiriéndose al mismo tema: “Es por ello,  una enseñanza de la  experiencia común que los jueces constitucionales más marcados en el momento de ser nombrados por connotaciones políticas precisas pierden éstas en cuanto comienzan sus funciones y se convierten inmediatamente  a un jurismo estricto, muchas veces contrario en su expresión  concreta a la significación política originaria del juez”.

   Aduce el mismo doctrinario que, lo que protege estas instituciones del descrédito es  precisamente su apego estricto a los criterios académicos ya discernidos por los juristas, la sana  doctrina y la propia jurisprudencia, y que están dotados de aceptación por la comunidad jurídica que los comparte de forma pacífica  y, que a veces, sin aceptar plenamente es cuando menos condescendiente,  siguiendo un  método o hermenéutica estricta en la interpretación de la norma constitucional. Sin malabarismos dialécticos –decimos nosotros-,  propios de una retórica deformada.

   La dialéctica agustiniana, en la argumentación que despeja las dudas,  hace mención a modo de una antífona machacona, de  la expresión reiterada que precede a cada premisa: “Y estos son hechos, no palabras”.

   Hoy diríamos la presentación de los datos, de las evidencias y piezas de convicción oportunamente aportados al contradictorio en oferta probatoria.

    Cuentan que el profesor Juan Bosch aconsejaba a los redactores de la publicación  “Vanguardia del Pueblo” que se limitaran en los artículos a presentar los hechos y datos, y que ello bastaba para que la verdad fuese palmaria y evidente en sí… Coincidiendo de esta forma, tal y como argüía  Agustín de Hipona muchos siglos atrás, con el corolario: “Y estos son hechos, no palabras”.        

   En ocasión a las Elecciones Presidenciales celebradas en Corea en  el año 2017,  en una reunión de expertos,  le escuchamos  decir al Presidente del órgano electoral de Filipinas, señor Andrés Bautista, que las instituciones que organizan las elecciones debían cuidarse de  auspiciar  reformas electorales  que después de aprobadas  no puedan  ser implementadas, ya que, los criterios de las diferencias entre lo posible y lo probable han de ser tenidos siempre en cuenta. En la lógica aristotélica es posible, decimos nosotros,  por ejemplo,  que un elefante se haga presente entrando por la puerta de  este salón que nos acoja, pero es poco probable que ocurra.

      En una palabra, lo que sí tiene un valor absoluto es el peso de una mayoría consolidada por la honesta sumatoria de votos válidos emitidos, que confiere la legalidad en la investidura de los funcionarios que ocuparán los cargos electivos.     

     Sin que esta afirmación necesariamente constituya un imperativo categórico, no menos cierto es que la verdad y los principios éticos actúan en la persona como un resorte en nuestra conciencia indicándonos de inmediato cuándo una acción no es correcta.  Además, la propia razonabilidad del acto en sí, constituye un límite a lo que desearíamos en algún momento hacer y que resulta inviable y no conveniente.

    Así como,  en la década de los años sesenta se produjo en América Latina y en el mundo un movimiento inspirado en la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, de 1918, en procura de la Autonomía de las Universidades Públicas a fin de  democratizarlas y proteger además,  las investigaciones científicas y la verdad académica de la influencia del Estado, defendiendo de esta forma, la libertad de pensamiento,  así como la expresión y libre discusión de la ideas, en una sociedad abierta que no pueda ser influida por la ideología estatal. 

     Es a partir de la década de los años ochenta cuando emerge, como una idea esencial para proteger la democracia,  la necesidad de la independencia de los Órganos Electorales del influjo dominante de los demás poderes del Estado y de esta forma garantizar la celebración de elecciones auténticas, libres, justas y transparentes.

        La Carta Democrática Interamericana, instrumento de Derecho Internacional Público Americano vinculante, votada y aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 11 de septiembre de 2001, dispone:

Artículo 3:

“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.”

     Tal y como diría en términos concretos el gran Presidente Norteamericano Abraham Lincoln: “Nadie puede gobernarme sin mi permiso”.

     Es precisamente la custodia y sumatoria de estos “permisos” los cuales tienen a su cargo las instituciones electorales al administrar los procesos que corresponden a la emisión de los votos contentivos de la voluntad de los votantes. De estos mandatos conferidos a modo de un contrato suscrito entre el  ciudadano sufragante con los funcionarios electos.

    Las tres ocasiones en  que nos ha correspondido estar en la Junta Central Electoral  ha sido bajo condiciones y circunstancias políticas diferentes, ya que, hará unos 20 años,   para el período 1998-2002,  la institución  fruto de las reformas de 1994 que elevó el número inicialmente de 3 Miembros,  tenía una integración de 5 Miembros, y  una reforma hizo que en el año 1999 se aumentara a   7,  1 Presidente y 6 Miembros, con sus suplentes,  que tenían a su cargo la organización de las elecciones y las atribuciones contenciosas electorales. Agotado nuestro período,  retornamos a la JCE como Presidente,  2006-2010, pero entonces nos encontramos que la Junta, impactada por una nueva reforma, ya  tenía 9 Miembros Titulares y sus Suplentes articulados en 1 Pleno de 9,  y,  dos Cámaras, una  Administrativa de 3 y otra Contenciosa de 5. Al final de dicho mandato, tuve la sensación de que había sobrevivido a la experiencia de ir montado en 2 caballos al mismo tiempo… sin caerme.  

   Al retornar de nuevo en el año 2016,  desde la Presidencia de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, para de nuevo presidir la junta, la institución que  en esta oportunidad  está compuesta  por un Presidente y 4 Miembros Titulares, con sus suplentes cada uno, aparte de que el sistema electoral dominicano lo componen, 2 instituciones, que como ya se ha dicho precedentemente, son  la Junta Central Electoral (JCE) que tiene a su cargo la dirección y  organización de las elecciones, así como el Registro Civil y la Cédula de Identidad,  y a partir del 2010,  el Tribunal Superior Electoral (TSE), con un Presidente y 4 Miembros Titulares, con sus suplentes cada uno,  que se encarga fundamentalmente de los contenciosos electorales, de las apelaciones de las resoluciones de admisión de candidaturas, y  del juzgamiento de los delitos electorales.    

    Todo esto ha ocurrido en medio de profundas transformaciones económicas de un país que en  el  año 2000 el Producto Interno Bruto (PIB) era de apenas unos US$24,000 millones de dólares, ya para el año 2008 dicha cifra se había duplicado  sobrepasando los US$48,000 millones de dólares, y el pasado 2017 alcanzó más de US$76,000 millones de dólares.  Acotándose que entre el 2000 y el 2018 el ingreso per cápita se elevó  unos 2.6 veces de su monto inicial.

   Analizando, además nuestro proceso de trasformación electoral, el país cambió profundamente en lo que corresponde a los funcionarios de elección popular en sí, ya que, el Voto de los Dominicanos en el Exterior, donde tenemos más de medio millón de dominicanos y dominicanas inscritos, en 3 circunscripciones,  establecidas en  11 países y 17 ciudades; así como, un padrón General de Electores 7,300,000 de ciudadanos electores sitos en el Territorio Nacional en 32 Provincias y 158 municipios. Para elegir en su totalidad  4,106 funcionarios de elección popular en 3 niveles de elección y 10 categorías:

    Administrar todo esto supone recursos, recursos financieros, logísticos, no hay verdadera independencia sin independencia económica. Muchos de nuestros proyectos los cuales nos son exigidos por nuestras respectivas comunidades políticas, languidecen o no pueden ser implementados por carencia de recursos. Los cuales no pocas veces están enunciados en la legislación positiva, pero son escamoteados en las discusiones presupuestarias, y al final despachados como si fueran una pitanza que se entrega con displicencia.. y poca generosidad.

   Educación imprescindible, nuevas tecnologías, y las exigencias de cómputo con resultados vertiginosos que solo pueden ofrecerse por medios telemáticos, que se presentan hoy como algo esencial  esperado por los partidos, sociedad civil,   medios de comunicación y todos los ciudadanos.

   Vivimos, quiéralo usted o no, en tiempos de patrañas. La patraña o las noticias falsas puestas a circular fueron  analizadas por el filósofo José Ortega y Gasset y ponderadas a su vez como un género literario de las letras españolas.

   Ahora, esas mismas patrañas  circulan por  la fibra óptica y los satélites que sirven de soporte al internet por las redes sociales, estremeciendo muchas veces la propia estabilidad y la imagen de nuestros las instituciones electorales, dejándolas en una especie de indefensión mediática. De donde ya nadie discute que nuestras antiguas ruedas de prensa  y comunicados se van quedando en el rezago de no poder competir con esta velocidad de vértigo que precisa de todos nosotros una adecuación  y el desafío de responder las fake news, en su mismo terreno ya para desmentir ya para  aclarar la especie puesta a circular.

    Parece inimaginable que todavía, al día de hoy, con posmodernidad y siglo XXI,  al término de los  procesos electorales,  en algunos de los países del hemisferio en que organizamos elecciones,  actores políticos perdidosos arguyen el fantasma del fraude, y nuestros propios esfuerzos como administradores están encaminados a despejar esas dudas, en Cien Años de Soledad, de García Márquez, narrando un episodio de las elecciones en Macondo,  el autor narra que: “Esa noche mientras jugaba dominó con Aureliano, don Apolinar Moscote,  le ordenó al sargento romper le etiqueta para contar los votos. Habían casi tantas papeletas rojas como azules, pero el sargento solo dejó diez rojas y completó la diferencia con azules…”

    Todo esto a propósito de una cultura política que conserva el recuerdo de las heridas infligidas a su buena memoria histórica  por un pasado dictatorial que celebraba no elecciones,  sino farsas, con  ritos y ceremonias marchitas, que distaban del concepto democrático universalmente compartido de elecciones auténticas, verdaderas, justas y fiables.

   Y es una verdad de a puño que al final lo único capaz de defendernos y preservar la imagen limpia es un desempeño con  apego a los valores y principios de integridad y honradez apegada a los principios.   

   Debemos siempre estar conscientes que la paz y el orden nos han sido encomendados, y que por tales motivos,  somos los custodios depositarios de la voluntad política de nuestros pueblos.. y que una falta al honor en nuestro desempeño haría trágico el desenlace de nuestras carreras públicas. 

    Es al final de todas las cuentas… una cuestión de Honor, y por ello asunto de  Verdad, Justicia, Transparencia y Templanza.

    Muchas Gracias…