Su Excelencia

Licenciado Danilo Medina Sánchez

Presidente Electo de la República

Honorable señora

Doctora Margarita María Cedeño Lizardo

Vicepresidenta Electa de la República

Distinguida licenciada Cándida Montilla de Medina

Esposa del Presidente Electo y Primera Dama para el cuatrienio constitucional 2012-2016

Honorable licenciada Cristina Lizardo Mézquita

Presidenta del Senado de la República y de la Asamblea Nacional

Honorable doctor Abel Martínez

Presidente de la  Cámara de Diputados y Vicepresidente de la Asamblea Nacional

Honorable doctor Mariano Germán

Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia

y demás miembros que la conforman

Honorable doctor Milton Ray Guevara

Magistrado Presidente del Tribunal Constitucional,

y demás Miembros que lo conforman

Honorable doctor Mariano A. Rodríguez Rijo

Magistrado Presidente del Tribunal Superior Electoral,  

y demás Miembros que lo conforman

Honorables Miembros Titulares de la Junta Central Electoral

Doctor José Ángel Aquino Rodríguez

Licenciado Eddy de Jesús Olivares Ortega

Doctora Rosario Graciano de los Santos

Doctor César Francisco Féliz Féliz

Honorable doctora Licelotte Marte de Barrios

Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República

y demás Miembros que la conforman

Honorables Embajadores y Jefes de Delegaciones Diplomáticas

Representantes de organismos internacionales

Ministros y funcionarios civiles y militares

Rectores de Universidades y personalidades del ámbito académico y de la sociedad civil

Directores y representantes de medios de comunicación

Dignidades Eclesiásticas

Distinguidas personalidades que nos acompañan

Señoras y señores:

Nos encontramos reunidos en este augusto salón, para dar cumplimiento al artículo 165 de la Ley Electoral, que atribuye a nuestra Institución emitir:

“CERTIFICADOS DE ELECCION. A todo candidato a un cargo electivo que hubiere resultado elegido de acuerdo con las normas establecidas por la presente ley le será expedido el correspondiente certificado de su elección por la junta electoral, si se trata de cargo de elección municipal, y por la Junta Central Electoral, cuando se trate de cargos de elección nacional de los senadores y diputados”

En igual sentido, en el artículo 166 se consigna la responsabilidad del órgano de administración electoral, de emitir certificado de elección, para ser remitido un duplicado, mediante instancia a la presidenta del Senado, en calidad de presidenta de la Asamblea Nacional, quien debe proceder, en el caso de estas dos dignidades, es decir, Presidente y Vicepresidenta de la República, para que se realicen la proclamación correspondiente.

De su parte, el artículo 167, pone a cargo de los organismos que expiden los certificados de la elección, la proclamación de los demás funcionarios: los municipales, por la Junta Electoral de su demarcación, y los congresuales, por la Junta Central Electoral.

Como de costumbre, estamos realizando un evento solemne, para cumplir con esta doble función. La primera, entrega de certificados y proclamación de ganadores al Congreso, que estamos concluyendo en este momento; mientras que, en esta segunda parte que iniciamos, entregaremos los certificados de elección a la fórmula presidencial ganadora.

Como sabemos, “las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo, actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas”. Es decir, si bien es cierto que son postulados por los partidos políticos, y más aún resultan electos en su boleta, no pueden ser removidos por un interés partidario, aún de quien los postuló, a menos que su propio órgano, por una de las causales establecidas por la Ley, inicie el procedimiento correspondiente. Sobre el particular, abundan ejemplos que dan cuenta de la fortaleza de este principio de inamovilidad y de inmunidad parlamentaria.

Este sentido de pertenencia explica por qué razones, la Ley Electoral establece que los certificados de elección:

“Serán entregados personalmente y mediante recibo por el secretario correspondiente al organismo que lo certifica o serán remitidos por carta certificada”.

En esta ocasión, por mandato constitucional, contenido en sus disposiciones transitorias decimosegunda, decimotercera y decimocuarta, fueron convocadas de manera excepcional, para el tercer domingo de mayo, las asambleas electorales, para que se reunieran y funcionaran los colegios, para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, a los representantes legislativos y a las autoridades municipales, en total a 4 mil 106 cargos; para aspirar a los mismos, los partidos políticos reconocidos, 26 en total, y 8 movimientos municipales, postularon 24 mil 445 ciudadanos y ciudadanas, que fueron admitidos y admitidas como tales por la Junta Central Electoral. Al efecto, fueron convocados y convocadas 6 millones 765 mil 245 electores y electoras, hábiles para el ejercicio del sufragio, en los 15 mil 339 colegios habilitados a nivel nacional, y 731 colegios en el exterior. Adelantamos que a la fecha no hemos recibido reportes de que un colegio haya sido impugnado, o se haya desaparecido.

Es de consenso generalizado que esta elección, por su carácter excepcional, es la más compleja, no solo por la cantidad de cargos en disputas y candidatos inscritos, sino porque en la misma repetimos un modelo de elección, que al margen de su pertinencia, desde que se diseñó en nuestra legislación, introdujo desgarradoras distorsiones en todo el sistema electoral, que es el del voto preferencial. Si recordamos, este pecado original, en cada uno de los procesos que hemos tenido de voto preferencial, ha afectado todas las elecciones.

Precisamente, por esta complejidad, se vaticinaron que se producirían miles de impugnaciones, apelaciones, y otros recursos, como consecuencia, básicamente, de las dificultades propias del voto preferencial, así como de la gran cantidad de alianzas cruzadas entre los partidos, unas veces aliados en lo presidencial, otras veces enfrentados en lo municipal, o en lo congresual. En total, más de 60 tipos de pactos y acuerdos, que dieron lugar a 8 fórmulas presidenciales, que a su vez representaban dos bloques de alianza o coaliciones, y 6 propuestas presidenciales de partidos, que participaron sin alianzas en ese nivel.

A pesar de todo esto, en la etapa post-electoral, en términos relativos, la cantidad de acciones legales introducidas contra el proceso, fue menor que en el año 2010; y en el tiempo para su conocimiento y fallo, también lo fue. Las estadísticas suministradas por el Tribunal Superior Electoral, al día de ayer, dan cuenta de haber emitido 297 sentencias, introducidas por todos los partidos, siendo la de mayor cantidad, obviamente, las de las dos alianzas o coaliciones.

Según certificación emitida por esta alta corte, más de 200 de esas demandas tenían por objeto solicitud de conteo manual, revisión de votos nulos y observados, revisión o reconteo de votos. Para solo citar un ejemplo, el acto de entrega de certificados en las elecciones del 2010, se realizó el 10 de julio de ese año. En esta ocasión lo estamos celebrando el 07 de julio. En el caso del 2006, las complejidades y dificultades que ocasionó el voto preferencial, se extendieron por casi todo el período de transición, y todavía al mes de agosto teníamos recursos por fallar. Es evidente que hay una anormalidad sistémica que ha afectado todas estas elecciones. Es oportuno el momento, para reconocer el esfuerzo, sacrificio y buena labor del Tribunal Superior Electoral en esta materia, en esta ocasión.

En el contexto descrito, acudió a votar una cantidad superior al 70% en el territorio nacional, y aproximadamente el 50% en el exterior, registrando 4 millones, 708 mil 746 votos emitidos, de los cuales una alianza de partidos obtuvo 2 millones, 847 mil 414, para un 61.74%, de donde resultó innecesario acudir a una segunda vuelta, tal como lo prevé el artículo 209 de la Carta Magna, por haber el candidato presidencial electo, obtenido un porcentaje de al menos más de la mitad de los votos válidos emitidos.

Podemos afirmar, que pese a la gran polarización de las fuerzas políticas, a diferencia del año 2010, el elector se inclinó por una mayor distribución de los cargos entre las fuerzas políticas contendientes. En el nivel de senadores, diputados y representantes al Parlacen, actualmente solo 8 partidos están representados; en los electos que hoy proclamamos, 16 fuerzas políticas tienen representación congresual; es decir, el 50% adicional.

En el Senado de la República, seis fuerzas políticas se encuentran representadas en los electos, mientras que en el actual solo dos fuerzas políticas están representadas. En el 2016, los 26 partidos políticos reconocidos están representados en el nivel municipal, 11 de los cuales tienen alcaldías, y 12 ganaron directores de distritos municipales; incluso, en municipios como San Víctor, provincia Espaillat, un movimiento municipal obtuvo dos representantes en la Sala Capitular, mientras que en El Puñal, provincia Santiago, el MIUP ganó el municipio y el  Distrito Municipal; y tiene 12 representantes en las salas capitulares.

El resultado arroja que el 88% de los postulados al Senado repiten su elección, en cuanto que en la Cámara de Diputados, solo el 56%, es decir 99 diputados, son reelectos; el resto, 79, son de nueva elección. En el Parlacen por su parte, solo el 50% de su matrícula repite. Se puede decir que el Congreso Nacional ha recibido una importante renovación en su matrícula, a la luz de estas estadísticas; igualmente, en el nivel municipal se ha producido renovación, tanto en la administración de alcaldías, como en las salas capitulares y distritos municipales.

Como todo proceso, el nuestro es perfectible, la jornada acusó por reflejo las dificultades ocasionadas por las debilidades propias del sistema político. Por demás, se produjeron situaciones que debemos enfocarnos en tomar las medidas adecuadas para superarlas; a ese tema nos referimos en la alocución que dirigimos al país el pasado mes, sobre lo cual no abundaremos en esta ocasión. Lo dicho, dicho está.

El hecho de ostentar una función pública, y ser parte del equipo de hombres y mujeres que tuvimos la responsabilidad que el Estado puso a nuestro cargo, en nuestra condición de presidente, nos permitió conocer de primera mano, una serie de informaciones respecto del comportamiento de los actores, y de todos los participantes en el evento electoral, que por su delicadeza e implicaciones son privilegiadas, y que en muchos casos tienen características de seguridad nacional. El interés de quien las suministra, es que sirvan para prevenir y reaccionar, adoptar las medidas de lugar en beneficio de las instituciones bajo nuestra responsabilidad, y de la sociedad. Eso hicimos.

Esto implica que quien administre esa información, tenga suficiente prudencia, tacto y discernimiento, para saber qué actitud adoptar con estas informaciones, tanto cuando se está en el cargo como fuera de él. Posiblemente en la posteridad, con el bálsamo del tiempo, algunas puedan ser compartidas, sobre todo aquellas, que recogen situaciones y hechos que permearon la jornada electoral. Lo importante y trascendente de todo esto, es que pudimos salir hacia adelante, y con un esfuerzo extremo ofrecer los resultados que hoy tenemos: una buena elección.

Precisamente, quisiera compartir con ustedes las novedades y políticas públicas de inclusión social y de participación política, que con características históricas se realizaron en esta elección, y que han pasado por debajo del tapete, pese a su significativo avance en materia de derechos políticos y sociales. Veamos algunas de ellas:

1. Programa de Acompañantes Escolares Electorales: consistió en un programa de movilidad social que incluyó 138 municipios, 135 centros educativos, 760 estudiantes, 170 docentes, y 142 padres o tutores; que nos acompañaron durante todo el período. Jóvenes entre 13 y los 17 años de edad, que compartieron sus horas de formación académica, para aportar transparencia y calidad al proceso, contribuyendo a crear mayor responsabilidad en los ciudadanos y ciudadanas del futuro.

2. Programa de Voto Penitenciario: dirigido a los internos de 17 recintos del nuevo modelo penitenciario, donde los internos votaron por los candidatos del nivel presidencial, con un total de inscritos de 1,852, de los cuales 1,367 electores emitieron su voto, para un 73.81%. Este programa, llevado a cabo por primera vez en la República Dominicana, contó con la integración entusiasta de la Procuraduría General de la República y todo el personal del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y obvio, de los internos que pudieron ejercer sus derechos constitucionales.

3. Programa Voto en Casa: dirigido a personas con discapacidad física mayor a un 75%, siempre que no implique discapacidad para discernir. Este esfuerzo, que contó con el acompañamiento de organismos internacionales, se desarrolló en 11 provincias, y se tomó como piloto a 105 registrados, 72 de los cuales eran mujeres. De ellos, el 96% ejerció el derecho al voto, tres de los inscritos no pudieron recibir la oportunidad de ejercer su derecho, por salud o fallecimiento, 25 tuvieron que ser asistidos. Personas con más de 100 años y buen discernimiento ejercieron el derecho a votar. Representantes de todos los sectores económicos y sociales fueron tomados en cuenta; las organizaciones de todo el sector de personas con discapacidad fueron parte de todo el proceso. Entre los que sufragaron se encuentra una biznieta del Padre de la Patria Matías Ramón Mella.

4. Programa de Mesa Auxiliar para Personas con Discapacidad: facilitó el ejercicio del voto a las personas con discapacidad físico-motora, en aquellos recintos en los que los colegios electorales están ubicados en un segundo y tercer nivel, permitiendo que pudieran votar en una mesa auxiliar, que fue trasladada a la primera planta, para facilitarles el ejercicio del derecho a votar .

5. Programa Mi primer voto. Un programa dirigido a los jóvenes que por primera vez se presentaron a ejercer su derecho, y que recibieron una atención personalizada de comunicación permanente, por diversas vías, antes y durante la jornada de votación, que fueron recibidos el día de las elecciones con un certificado de reconocimiento al esfuerzo ciudadano, por cumplir con su deber, lo cual tocó a más de 200 mil personas en esas condiciones.

En adición a estos programas, en estas elecciones se produjeron hechos de mucha significación, que de alguna manera incidirán en los próximos procesos, porque se trata de medidas tomadas, con una precaria legislación, dirigidas a garantizar un mayor nivel de equidad y posibilidades de igualdad, gracias a la iniciativa de la Junta Central Electoral y a la acción voluntaria de los Poderes del Estado. Veamos:

1. En el período electoral se dispuso la suspensión del Fondo de Gestión Social del Congreso de la República, por parte del Pleno de senadores y diputados;

2. El Gobierno Central congeló todos los nombramientos temporeros, o por contrato, hasta que concluyera el período electoral;

3. El Gobierno Central suspendió toda la publicidad gubernamental en las elecciones;

4. En las inauguraciones fueron mínimos, por no decir que no se produjeron, mítines, o actividades de promoción electoral;

5. La Junta Central Electoral, de manera equitativa, distribuyó la colocación de publicidad electoral, durante el período, a todos los partidos con fórmulas presidenciales inscritas, en los medios de comunicación del Estado, o administrados por el Estado.

Éstas, entre otras medidas de no menor importancia, son precedentes históricos que habrán de servir para que haya mayor equidad y posibilidades de igualdad en los procesos electorales venideros.

Señoras y señores:

Con la calma, despojados de pasión, pasamos revista a estas elecciones, y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, los siguientes hechos incontrovertibles que  hablan en sentido general de la buena elección que hemos realizado. Veamos:

1. El contexto en que se desarrollaron estas elecciones, prevalece un Estado Social y Democrático de Derecho;

2. En los comicios hubo total libertad de organización y participación de los partidos y agrupaciones políticas, muy diversos ideológicamente;

3. Hubo pluralidad de medios de comunicación, y respeto absoluto a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Acceso de todos los candidatos y partidos a estos medios;

4. No hubo ninguna obstrucción para la participación de partidos y candidatos, en el certamen electoral;

5. El Padrón Electoral, contiene un extraordinario nivel de perfección; no reflejó ninguna irregularidad que pusiera en cuestionamiento la ubicación del elector;

6. No se registró denuncia de ningún ciudadano de que se le haya impedido el ejercicio del derecho al sufragio. Por el contrario, el porcentaje de votación se encuentra en los que se consideran altos porcentajes en todo América, pese a que en República Dominicana el voto es voluntario

7. El ejercicio del derecho al voto fue directo, personal, y se garantizó el secreto del ciudadano, al momento de expresar su voluntad;

8. Cada voto fue contado y asignado en el acta al partido y candidato marcado por el elector en la boleta electoral;

9. Todos los partidos tuvieron oportunidad de estar presentes o representados en los colegios electorales, y en todas las fases del proceso;

10. Los partidos obtuvieron, en cada colegio, una copia del acta, y en adición le fue remitida, junto a los medios de comunicación la misma noche del 15 de mayo, por vía electrónica a sus centros de cómputo;

11. El escrutinio se hizo de manera pública, de conformidad con lo establecido en la Resolución 64/2016, y con la sentencia del Tribunal Superior Electoral del 14 de mayo, que reconoció la legalidad de la política de divulgación de la Junta Central Electoral, rechazando un recurso interpuesto contra la misma;

12. La misma noche del 15 de mayo, a más tardar a las 12:00, se ofrecieron resultados equivalentes al 46% de los boletines emitidos por las juntas electorales, y a más del 60% en preliminar, con los datos sobre actas, de los resultados electorales en los niveles presidencial, municipal y congresual. Estos resultados no variaron por ser recibidos de manera aleatoria, sin sesgo. Esa misma noche, pese al ruido creado, el país supo, con resultados provisionales, quién ganó y con qué diferencia, con las pocas excepciones generadas por el escrutinio manual en el voto preferencial.

Estas afirmaciones fueron reconocidas por los organismos multilaterales, que en sus informes de observación resaltaron lo siguiente:

• Organización de Estados Americanos (OEA)

“La totalidad de los colegios electorales abrió, en promedio una hora más tarde de lo estipulado por ley. Las mesas se integraron en su mayoría con miembros titulares. Los sitios eran adecuados y fueron bien organizados para el desarrollo de la votación, garantizando así el secreto del voto. De estas observaciones se desprende la fortaleza en la capacitación de los miembros de mesa y el esfuerzo por contar con recintos adecuados.”

“Una vez iniciada la votación la jornada transcurrió en orden, en un ambiente de respeto y tranquilidad. La ciudadanía tenía claridad a la hora de ejercer su derecho al sufragio y lo hizo de manera rápida, agilizando la jornada de votación. Esto se vio reflejado en la alta afluencia de votantes en los distintos centros del país.”

“La Misión observó también importante presencia de representantes partidarios, en particular de los delegados de las candidaturas mayoritarias. Llamó la atención la actividad proselitista desplegada tanto en las inmediaciones como en el interior de los centros de votación.”

• Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA)

“Las mesas de votación ubicaron correctamente la urna y el biombo en lugares que garantizaba que nadie podría observar la expresión del elector asegurando el principio de que el voto es secreto evidenciando las seguridades y garantía a este proceso. Advirtiendo que en la mayor parte de los casos, los centros de votación operaron en escuelas y colegios públicos y privados, que ofrecían plenas condiciones logísticas y de operación para el correcto funcionamiento del proceso electoral”.

“Los integrantes de la Misión tuvimos oportunidad de preguntar a los ciudadanos si su libertad para elegir se vio afectada de alguna manera o si tuvieron dificultades para ejercer su voto, con una respuesta en todos los casos favorable en el sentido que siempre se les respetó su derecho y se les garantizó un acceso adecuado al ejercicio del sufragio. Aunque existió presencia de militantes de las diferentes campañas políticas en las cercanías al centro de votación, no se observó ninguna anomalía respecto a la privacidad y libertad para ejercer el voto, ni tampoco actos de violencia o agresión a los contrincantes dentro de la contienda electoral”.

“Podemos resaltar que la participación directa de los Partidos por medio de los miembros de mesa y sus delegados garantizó una total transparencia y veracidad del escrutinio. Hay que resaltar la paz, tranquilidad y civismo con que se efectuó este proceso, entregando cada mesa el resultado respectivo”.

En adición a estos reportes de los observadores internacionales, se agregan los ofrecidos por los observadores nacionales, en el mismo sentido, y al igual que los internacionales, en el reconocimiento de que hubo uniformidad comprobada en los resultados ofrecidos por el conteo electrónico, y los ofrecidos por el conteo manual. Las críticas al proceso, que las hubo, se centraron en aproximadamente una hora de retraso en el inicio, que luego reconocieron que se normalizó a muy tempranas horas de la mañana, y al registro de las denuncias de partidos y candidatos, que en las juntas electorales reclamaron, desde la mañana del 16 de mayo, que en adición al conteo electrónico y manual fuera realizado un tercer reconteo, o una revisión del nivel preferencial, que todos habíamos advertido que tendría esos efectos nocivos, si se realizaba el conteo manual.

El reconocido politólogo alemán Dieter Nohlen, en su último artículo, “Arquitectura Institucional”, en la Revista Temas, de la JCE, afirma: “Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que a menudo son factores no-institucionales los que promueven un grado limitado de integridad electoral o de reconocimiento en términos de legitimidad”; agrega que: “América Latina, en general, y como confirman las encuestas, parece representar un caso de extrema desconfianza. En el campo político-institucional, pone en cuestión cualquier institución o práctica política”.

En nuestro caso, hay una cultura política de la desconfianza. Según nos narra el director del Diario Libre en su columna a.m., hay poca generosidad en el reconocimiento de los ganadores, sin algún reparo. Comenta Adriano Miguel Tejada que esta práctica es común, con excepción del año 1924, en la elección en que participó el licenciado Jacinto B. Peynado.

En mi comparecencia ante la Cámara Americana de Comercio, en abril del presente año, hice las siguientes puntualizaciones:

Así como la sociedad transformó una parte importante de su matriz económica, también debe transformar todo lo que es su estructura política, para aportar mayor equidad, seguridad, igualdad; y con ello una economía de mercado con profunda vocación humanista.

Las críticas al sector empresarial es no haber entendido que las reformas políticas no son tareas exclusivas de los políticos; no se les pueden dejar solo a ellos, sino que deben ser de interés de toda la sociedad.

Mi llamado es a requerir del sector empresarial, aprovechar la oportunidad de la conformación de un nuevo Congreso, el próximo 16 de agosto, para lograr una “reforma virtuosa”, que nazca, no fruto de la coyuntura, sino de la convicción de todos, de que somos corresponsables de pensar, diseñar y reformar nuestro sistema electoral, para realizar procesos íntegros, en correspondencia con la estabilidad económica y política que hemos alcanzado, lo cual nos exige dar este paso.

Por lo que, vemos con simpatía que el empresariado se hayan estimulado a contribuir con la definición de un tema tan importante para la sociedad. Sin embargo, sugiero que se deben cuidar las formas, reconocer la autonomía del legislador, acompañarles, no imponerles, ser parte del consenso, aunque distanciar las reformas políticas e institucionales, de los proyectos, aspiraciones e intereses económicos-sociales, de tal manera, que no se genere una percepción equivocada de los intereses que se persiguen.

Si bien es cierto que tuvimos unas elecciones que en lo fundamental se corresponde, pese a sus debilidades, con los estándares internacionales, que le garantizan la legalidad y legitimidad propias de la democracia, no es menos cierto que el atraso legislativo en materia de reformas, es el principal obstáculo para la estabilidad del sistema electoral y su buen funcionamiento. A los avances logrados en términos administrativos no se pueden se pueden agregar otros, el sistema electoral ya no puede avanzar más sin una reforma legislativa.

De igual manera, el sistema político, contrario a lo que dicen otros,  sigue siendo fuerte, ha logrado desarrollar un cuerpo muy grande, en comparación con su vestuario. Las leyes y disposiciones resultan pequeñas e insuficientes. Hay un agotamiento del sistema político, que aunque sigue siendo multipartidista, relativamente estable, llegó al punto de inflexión; las reformas no pueden esperar más, por lo que a este Congreso, al actual, o al que venga, la Junta Central Electoral, cuyas propuestas han sido valoradas positivamente por todos los sectores partidos y las organizaciones de la sociedad civil, le sugiere que satisfagan la sociedad, y den un paso decisivo hacia su regulación.

Finalmente, con estas palabras, llamo la atención de los honorables legisladores, en el sentido de que la población aspira a que sus representantes le permitan percibir que votar tiene sentido, y surte algún efecto; que la democracia no solo es un lujo, sino que debe ser útil, que su utilidad debe permitir que todos los ciudadanos, de alguna manera, reciban parte de lo que se siembra, y que esa siembra al cosecharse, le llegue a todos.

Con estas palabras, en virtud de las atribuciones que nos confiere la Ley, la Junta Central Electoral procede de inmediato, a hacerles entrega de sus certificados de elección, al Presidente electo y a la Vicepresidenta electa, y hace efectiva, de conformidad con el artículo 167 de la Ley Electoral 275-97, su proclamación como candidatos legal y legítimamente electos, para los

senadores/senadoras, diputados/das y representantes al Parlacen.

Siéntanse orgullosos del pergamino que tienen, porque se los ganaron. Nadie se lo regaló.

Les doy garantía que ustedes no tienen un voto menos, pero tampoco tienen un voto más. Tienen el que les dieron los ciudadanos.

¡Muchas gracias y éxitos en sus funciones!

¡Qué Dios los bendiga a todos!