Agrega que “con frecuencia, quienes coyunturalmente se sitúen en la oposición, y los propios organismos de la sociedad civil cuestionan la ejecución de la reforma, que en término conceptual y legal ha sido consensuada o ha sido apoyada, lo que motiva que quienes se encuentren en las funciones ejecutivas, a veces también se muestren reticentes a llevarla a cabo, debido a esta mala práctica y al costo político, prefieren invertir en las políticas públicas que piensan les proporcionan votos”.

Rosario Márquez trajo a colación lo expuesto por los escritores, Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, en su obra “El costo de los derechos; ¿Por qué la libertad depende de los impuestos?” en el que sostienen que la libertad de expresión, la seguridad social, el debido proceso, el voto, son de los derechos más valorados, pero advierten que no son gratuitos, que tienen un costo. Es decir, que se necesita dinero para ejercerlos.

El Presidente de la Junta Central Electoral, que participa en su condición de Presidente de la Asociación Mundial de Cuerpos Electorales, A-WEB, en un seminario evaluativo del pasado proceso electoral de El Salvador, afirma que el derecho al voto tiene costos, igual que cualquier otro derecho, como afirman los citados tratadistas, porque son los contribuyentes del Estado quienes pagan los costos de imprimir las boletas electorales, los materiales de registros, es decir todo lo que implica montar un proceso electoral tiene sus costos.

En ese sentido manifiesta que  "al hablar de reformas y de derechos, también debemos hablar de costos. Debemos estar claros cuál será el costo de esa reforma, y los alcances y limitaciones de las mismas estarán condicionadas a la capacidad del Estado de realizar esa inversión, y a la disposición del ciudadano de contribuir con esos impuestos, para perfeccionar el sistema político que le permite vivir en democracia”.

Agrega Rosario Márquez que entre las reformas esenciales se encuentra la necesidad de aprobar leyes que permitan una financiación de la política y una organización de las elecciones, con uso de tecnologías que hagan del sistema electoral un instrumento eficiente para garantizar la participación política de los ciudadanos.

En otra parte de su intervención ante un selecto público, en el que también estaban representantes empresariales y de organizaciones de la sociedad civil, el Presidente de la Junta Central Electoral anotó que una reforma que no contemple el uso de la tecnología en los procesos electorales, no es una reforma de estos tiempos, y que para utilizar modernas tecnologías, siempre será necesario hacer las inversiones necesarias en ese sentido.

“No se trata necesariamente de dar un salto hacia el voto electrónico, que algunos países prefieren. Pero al menos, se hace necesario garantizar mecanismos eficientes de escrutinio, de cómputos y divulgación de resultados”, y agrega Rosario Márquez,.” En nuestro caso, que habíamos reformado nuestro sistema de transmisión y cómputo electoral, y que introdujimos el ya popular sistema de “digitación ciega”, nos estamos preparando hacia un nuevo escenario, que consiste en preservar la cultura del lápiz y el papel, aunque marchamos hacia la automatización del colegio, o mesa, de votación, de tal manera que eliminemos, o disminuyamos a su mínima expresión, el factor humano del proceso de conteo o escrutinio electoral, evitando errores y asignaciones indebidas de votos, y produciendo un acta que contenga la expresa voluntad del elector. Existen múltiples modalidades de este nuevo sistema”.

Resaltó que en países como los nuestros, de economías pequeñas y demandas insatisfechas, y con elevado niveles de pobreza, se requiere mayores de transparencia y eficiencia en los procesos, y se necesita garantizar la “legitimidad de origen”, que sirva para sustentar la gobernabilidad de las autoridades electas. Para ello, es necesario invertir en la eficiencia electoral, como vacuna a los conflictos generados por una administración electoral deficiente.

Es por ello, sigue diciendo el doctor Roberto Rosario Márquez, que como todos los fenómenos vinculados al quehacer económico, social y político, las reformas electorales corresponden a realidades culturales e históricas concretas, por lo que es necesario delimitarlas en su contexto.

A manera de sugerencia, el Presidente de la Junta Central Electoral comentó que “aunque los principios generales de la democracia son aplicables de manera universal, cada nación tiene su propia forma de manifestar su práctica electoral, de lo cual se consolidan culturas, que a la vez suelen depurarse gradualmente, en la medida que avanzan los retos históricos. De manera que siempre, al referirnos a este tema, nos cuidamos de no hacer planteamientos determinantes, como recetas funcionales en todos los escenarios”.

En su conferencia titulada “Innovación y reforma electoral para la consolidación de nuestra democracia”, auspiciada por el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, y al hablar de la experiencia Dominicana, dijo que en nuestro país existe un importante número de partidos que de manera individual no tienen gran concentración de votos, pero que coaligados a uno de los partidos de mayor votación, han decidido el ganador en todos los procesos electorales post reforma de 1994; con la excepción de 1996, hasta la fecha han definido la fórmula ganadora, sin necesidad del ballotage.

Agrega que se ha establecido que para una organización ser considerada parte del sistema de partidos, requiere por lo menos uno de varios factores, entre los que se encuentran porcentaje mínimo de votos, representatividad en el Congreso y participación destacada en los gobiernos locales, aunque para algunos cientistas sociales, como Sartori, delimitan en tres los criterios para considerar los partidos como parte del sistema de partidos: posibilidad de formar gobierno, capacidad de veto y capacidad de coalición.

Afirma que esta realidad genera mucha preocupación en la República Dominicana. Y agrega “ Desde la sociedad civil se reclama de los legisladores una modificación en los umbrales, para la obtención de una nueva formación política, y para la permanencia en el escenario político. Esos mismos sectores, plantean una mayor reglamentación para el acceso a los fondos públicos del llamado “número de partidos no efectivos”.

Obviamente, continúa exponiendo, “ estas propuestas son muy conflictivas y generan mucha polémica, sobre todo a la luz de la Constitución de 2010, que en el artículo 216 constitucionaliza el derecho a la organización en partidos políticos”. “ Por demás, si bien es cierto que no expresan un interés real de gobernanza, tampoco constituyen un obstáculo para el ejercicio democrático, ni una amenaza a la estabilidad del sistema. Lo recomendable es buscar fórmulas que recojan este sentir de la sociedad civil, dando respuestas positivas a estas aspiraciones, y combinando las mismas con una utilización racional del financiamiento de Estado a la actividad política”.

El también Presidente de la Organización Mundial de Órganos Electorales afirma que no obstante estas situaciones, los sistemas políticos viven en una mutación constante, sujeta a los cambios y transformaciones que experimentan las instituciones, las fuerzas sociales, las estructuras y el contexto general en que se desarrollan; como consecuencia de la necesaria articulación de cada uno de estos elementos, propios de una realidad determinada. De ahí que una modificación, o reforma, en el sistema electoral, tiene consecuencias en el sistema de partidos, y éstos a su vez, producen una reinvención, o modificación, del sistema político de que se trata”.