Palabras del doctor Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, en la presentación de los Resultados de la Auditoría al Registro Civil en los años 1929 - 2007, el 26 de mayo de 2015

Señoras y señores:

Les hemos invitado a compartir con nosotros este momento, trascendente para los hombres y mujeres que dedicamos nuestras energías y tiempo laborable a la Junta Central Electoral; con el propósito de ofrecer un nuevo testimonio del compromiso que tenemos con la sociedad dominicana, con la institucionalidad, con la presente y las futuras generaciones.

Con la sociedad, porque a ella nos debemos, y a ella hemos reiterado nuestra disposición de cumplir nuestro deber y obligación de colocar el sistema registral dominicano en las mejores condiciones, que permitan garantizar los derechos de las personas, desde su nacimiento, y los derechos de ciudadanía.

Hasta mediado de la década pasada, el Registro Civil Dominicano se caracterizaba por funcionar mediante un esquema de privatización y de falta de regulación, que exponía a los ciudadanos a la voluntad, y el humor particular del Oficial Civil de turno. Más del 95% de las oficinas utilizaban procedimientos manuales para el asentamiento y expedición de las actas, dando lugar a un interminable cúmulo de errores humanos.

Los lugares en que estaban instaladas estas oficinas públicas eran pequeños espacios, cedidos por instituciones gubernamentales –arrimados, alquilados y hacinados, carentes de condiciones mínimas para que nuestro personal pudiera dar un servicio óptimo, digno, y por demás, que tuviera seguridad en la conservación de los libros-registro, y protección contra personas desaprensivas; e incluso, con imposibilidad de modernizar el Registro, al no poder recibir la instalación de equipos informáticos. Un inventario realizado en el año 2005 reveló que más del 56% de los locales eran infuncionales, y requerían de profundas transformaciones, para operar adecuadamente.

Estas precariedades significaron que una parte importante de los libros-registro se encuentren en franco estado de deterioro. Al año 2010, un levantamiento que hicimos, arrojó la información de que el 14% de todos los libros-registro estaban en estado inservible, de destrucción y descomposición.

El resultado de esta situación se traducía en un servicio pésimo, en un total descrédito de nuestro Registro Civil, con funcionarios y empleados muy mal remunerados, con la ausencia total de procesos de capacitación y evaluación, sin ningún tipo de supervisión en el ejercicio de sus responsabilidades, y muchas limitaciones por razones obvias, en el acceso de los ciudadanos, en tiempo más o menos aceptable, al Registro y a sus datos, y la presencia muy notoria de extraños, y propios en la instrumentación de expedientes irregulares, y en la adulteración, con diversos propósitos, de los documentos, que se supone estábamos llamados a resguardar, lo que tipificaba nuestro sistema como muy frágil y vulnerable, que terminaba poniendo en peligro la seguridad jurídica de las personas, de la identidad nacional y del Estado dominicano.

El Registro de los actos del Estado Civil, de hecho, devino en una actividad que se percibía como un privilegio limitado a personas con cierto nivel de instrucción, y/o con poder adquisitivo por encima del límite de pobreza, lo que produjo un socavamiento en el Registro de las personas nacidas en nuestro territorio, lo que combinado con la pobreza acumulada en la sociedad durante décadas, generó indiferencia por parte de los sectores más empobrecidos hacia el Registro Civil, agravado por la carencia de efectivas políticas públicas en el ámbito registral.

Estas condiciones generales, que afectaban a todas las personas que habitaban en esta parte de la isla, y que convivían en los espacios de pobreza y pobreza extrema, nacionales y extranjeros, sin importar su condición migratoria, indujo a muchos a interpretar que en República Dominicana habían prácticas discriminatorias, xenófobas y/o raciales, en contra de algunos segmentos poblacionales, por parte de determinadas instancias públicas, ignorando que en realidad, no era más que la expresión de una ineficiencia administrativa generalizada del Estado Dominicano, hacia los sectores de menores ingresos, que afectó a todos por igual, sin ninguna distinción, por el solo hecho, lamentable, de ser parte de la marginalidad y la pobreza que creó nuestra propia sociedad.

Para enfrentar la situación anteriormente descrita, fueron tomadas las siguientes medidas:

a) Implementación del proyecto de modernización y automatización del Registro Civil, iniciado en el año 2005, que consistió en el rescate, construcción y adecuación de la infraestructura física, y que inició el proceso de escaneo, digitación e indexación de las actas, protegiendo y preservando de por vida los libros-registro, permitiendo rapidez, eficiencia y seguridad en el servicio de conservación y expedición;

b) El Reglamento que estableció sueldo de Estado a los oficiales, funcionarios y empleados del Registro Civil, el 26 de enero del 2007. Este Reglamento permitió asumir el control real del Registro Civil, en términos de regulación, supervisión y administración, que agregó además, transparencia en las operaciones financieras. Con estos recursos propios se ha llevado a cabo todo el proceso de modernización de la JCE, y el Estado ha recibido anualmente más de mil millones de pesos, que ahora son retornados al ciudadano, con un servicio público de calidad, y con más de un 70% de gratuidad;

c) Creación de la Unidad de Declaraciones Tardías, con financiamiento del Banco Mundial-JCE, en coordinación con el Gabinete de Políticas Sociales, que coordina la Vicepresidencia de la República, que inició sus labores el 14 de agosto de 2007. Mediante este sistema y durante su período de vigencia, se han inscrito en el Registro Civil, un total de 608 mil 586, de los cuales, el Banco Mundial ha avalado 249 mil 012, reduciendo sensiblemente el sub-registro civil, haciendo visible a dominicanos que no les garantizábamos su derecho al nombre y a la identidad; y

d) La resolución 12-07, aprobada por los 9 miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, el 10 de diciembre de 2007, que ayudó a corregir todas las irregularidades y deficiencias arrastradas durante décadas, en las actas registrales.

¡Gracias! a estas medidas, el caos que padecía el Registro Civil ha sido superado, en la actualidad existe gran optimismo y confianza respecto a los nuevos pasos de afianzamiento en la seguridad documental y en la eficiencia frente a los ciudadanos, tal como lo demuestran las estadísticas de servicios solicitados compareciendo los ciudadanos físicamente a nuestras oficinas, desde enero de 2013 hasta el 25 del mes en curso, a los cuales hemos ofrecido satisfactoriamente sus requerimientos.

¡Veamos!

Año 2013
5 millones 039 mil 869 servicios
Año 2014
10 millones 109 mil 975 servicio
02 de enero / 25 de mayo de 2015
3 millones 308 mil 042 servicios
Total de servicios en este lapso
18 millones 457 mil 886


¿Cómo ha sido posible combinar un servicio de calidad en las proporciones cuantitativas expuestas, junto al compromiso institucional emanado de la Sentencia TC/0168/13 y de la Ley 169-14?

Ha sido posible porque en la medida que hemos avanzado en el proceso de modernización, se ha reducido el tiempo necesario de atención a los ciudadanos. Sobre el particular, una encuesta dio como resultado que el tiempo de espera en fila, para el 85% de los servicios es menor de dos (2) horas; y el 12% menos de seis (6) horas.

En el dispositivo quinto de la Sentencia de marras, el Tribunal Constitucional dispuso la auditoría a los libros del Registro Civil, desde 1929 hasta el 2007; cuyos resultados presentamos hoy, está en correspondencia con la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.

En esta enorme labor inventariamos 116 mil 506 libros, que tienen 16 millones, 748 mil 568 folios contentivos de la historia registral de República Dominicana durante esos años. De todas las especificaciones de actas, encontramos que 53 mil 827 libros, que a su vez recogen 10 millones 321 mil 799 folios, dieron lugar a expedientes de personas a revisar.

La sentencia en cuestión, en su numeral quinto de la parte dispositiva, ordena a la Junta Central Electoral realizar este trabajo en un lapso de un año, y que remita esta lista de personas irregularmente inscritas en el Registro Civil, al Ministerio de Interior y Policías, entre otras disposiciones de carácter administrativo y jurisdiccional.

Paralelamente, exhorta al Poder Ejecutivo a implementar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros radicados en el país sin documentación legal. En este aspecto, el Poder Ejecutivo asumió la exhortación, y se encuentra en pleno desarrollo de dicho plan, con un importante éxito en la población meta, pese a la falta de colaboración de las autoridades del país vecino, y mayor emisor de migrantes hacia la República; además, de la ausencia de una cultura registral, que no ayuda a cumplir esta labor a plenitud.

En el caso que nos ocupa, como expresara el magistrado César Francisco Féliz Féliz, la labor que tuvo a su cargo, de coordinar, representa un verdadero hito en la historia documental del país. Auditar 53 mil 827 libros, que contienen 10 millones, 321 mil 799 folios, que representa a su vez una variedad de casuísticas en la documentación encontrada, y en un tiempo récord, es un esfuerzo digno de reconocer y alabar, en todos los servidores de la Junta Central Electoral, empezando por el magistrado Féliz, que se dedicaron en cuerpo y alma, a la consecución de este propósito.

Para hacer esto posible, se requirió del 100% de la totalidad de los inspectores, casi el 60% del personal de Registro Civil, Consultoría Jurídica, y la contratación de nuevos abogados, digitadores y técnicos especializados. Se calcula en 779 mil 40 horas hombres invertidas en el proceso. Al final se pudo comprobar que del total de folios auditados, los hallazgos en el Registro Civil, que identificaban los expedientes, o las actas con posibles irregularidades, en el período establecido, apenas representaron el 0.58%, en tanto que el resto, es decir, el 99.42% no evidenció las inconsistencias de estos últimos.

El hecho de que alrededor de 53 mil expedientes que identifican personas hayan sido autorizados en su expedición y en su transcripción, de conformidad con la Ley, demuestra el nivel de profesionalidad con que se manejó el personal de la Junta Central Electoral, libre de todo prejuicio, y comprometido solo con el deber. Por demás, aunque al inicio de los trabajos habíamos detectado expedientes que tocaban a personas cuya nacionalidad de los padres/madres, estaba vinculada a 118 nacionalidades, el resultado definitivo solo toca a 103 nacionalidades; y en todos los casos, éstas se encuentran debidamente identificadas.

Llamo vuestra atención, que de la totalidad de los expedientes trabajados, el 68.45% está relacionado con la República de Haití; el 3.93%, con los Estados Unidos de América; el 2.84% con España; el 1.98% con la República China; y así sucesivamente. Es entendible que al tener frontera terrestre con Haití, sea ésta la nacionalidad de mayor presencia en el Registro, igual que Estados Unidos y España, por la relación histórica con nuestra nación.

La inmensa mayoría de estos expedientes se encuentra en nuestro sistema, a disposición de los beneficiarios. Aunque en el curso de esta semana y hasta el martes de la próxima, se continuará con el asentamiento de las actas autorizadas y transcritas, ya que esto lleva un trámite burocrático que demanda mucho rigor al pasarlo a los libros, a fin de evitar que se produzcan errores de digitación, que luego afecten el desenvolvimiento normal de las vidas de estas personas. De todas maneras, a partir de mañana, toda esta información estará colocada en la página web de la Junta Central Electoral, para que quienes así lo deseen, puedan asesar a la misma. Hay un reducido grupo que por las dificultades y la ilegibilidad de sus documentos, o destrucción definitiva, requieren de mayor investigación, o están sujetos al proceso de reconstrucción de libros, que instituye la Ley 659, para todas las personas inscritas en el Registro, y que seguirá su curso normal; apenas 132 expedientes de los trabajados, darán lugar a un apoderamiento de la justicia.

Esta auditoría permitió que familias enteras de dominicanos, que al momento de la instrumentación de expedientes su información no fue recogida adecuadamente, pudieran resolver problemas ancestrales; entre éstas personas de preeminencia social, quienes gustosamente comparecieron para ayudar en la auditoría de sus expedientes.

Se destaca la cooperación para resolver estas dificultades, de embajadas, que acudieron a acompañar y aportar información para esclarecer expedientes de los descendientes de sus nacionales, y a cuyos representantes expresamos nuestra gratitud; así como a los representantes de los organismos internacionales radicados en el país, que confiaron en nosotros y nos acompañaron.

Deseamos que se nos permita resaltar el trabajo realizado por la Comisión de Veedores, integrada por los señores Adriano Miguel Tejada, Mario Rivadulla, Rafael Paz, Leonardo Aguilera y Freddy Sandoval. Estos distinguidos caballeros restaron tiempo a sus responsabilidades profesionales y familiares, para compartir jornadas de labor con empleados y funcionarios de la JCE, en aras de contribuir a la eficiencia de un trabajo cuya pulcritud es avalada por la honorabilidad que la sociedad les reconoce.

Distinguidas y distinguidos:

El objeto de esta exposición, ha dado lugar a la más apasionante discusión que se haya producido en República Dominicana en toda su historia, y es normal que así sea. Más de 100 años sin una política de Estado integral sobre el tema migratorio y sus consecuencias, así lo testimonian. La Sentencia TC/0168/13, pre-aludida, marcó el camino para el establecimiento de esta política, y gracias a ella, tenemos la Ley 169-14, que si mal no recuerdo, es de los pocos instrumentos jurídicos que previo a ser aprobados generaron mucha polémica, y después contó con el voto unánime de los congresistas, y la aprobación de toda la sociedad, sin importar la posición que tuviesen, con anterioridad a la misma; y con el aval de la representación acreditada de los organismos de la comunidad de naciones en la República Dominicana.

Esta auditoría, cuyos resultados entregamos hoy, es la ejecución del mandato contenido en esta Ley, que establece en su artículo primero, “un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes, nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil Dominicano, en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines, al momento de la inscripción;”, que es la parte esencial que corresponde ejecutar a la Junta Central Electoral, que según su mandato, “…procederá a regularizar y/o transcribir en los libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a del artículo anterior”.

Concluye este artículo, instruyendo para que “subsanada la referida irregularidad en virtud de esta Ley, la Junta Central Electoral los acreditará como nacionales dominicanos.”.

Cumplida esta disposición legislativa, y habiendo “regularizado y/o transcrito”, como establece la Ley, todas y cada una de estas personas reciben la nacionalidad dominicana, en virtud de esta Ley, y adquieren todos los derechos de ciudadanía consagrados en los artículos 21 y siguientes de la Constitución.

En todo este camino, solo resta por definir el procedimiento administrativo de deportación, los avances y flujos migratorios tienen su explicación y responden a situaciones particulares, con sus propias dinámicas y características, por lo que el Estado dominicano debe estar preparado para nuevas oleadas migratorias, ya que tiene como vecino, con frontera terrestre un país con escasa, o ninguna, presencia de Estado en su propio territorio, una frágil gobernabilidad, el cual ha sido reconocido por la comunidad internacional, como uno de los más pobres del mundo.

Como si esto fuera poco, la ayuda internacional hacia este Estado, ha sido mal canalizada y dirigida, ya que en vez de invertir en infraestructura estatal, y crear institucionalidad gubernamental, la misma es orientada a través de aproximadamente 10 mil ONGs, que son las que movilizan un lobby internacional, y local, que siempre mantendrá su foco de atención hacia República Dominicana, como forma de justificar el rol que desempeña.

Si pudiéramos definir, y aplicar adecuadamente una política funcional para reducir a su mínima expresión la presencia de extranjeros indocumentados, haríamos más fácil la tarea diplomática de nuestra Cancillería, que realiza esfuerzos encomiables, explicando nuestra política migratoria frente a la comunidad diplomática internacional.

Los elementos esenciales de este procedimiento administrativo de deportación, que ya hemos planteado, pueden ser dictados por una autoridad administrativa, y en nuestra humilde opinión, pudieran tener los siguientes aspectos:

a) Establecer un horario para la ejecución de la política de repatriaciones, entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m.; sin incluir sábado ni domingo, salvo en casos de fuerza mayor.
b) Hacer acompañar a los repatriados de sus efectos personales.
c) No retener sus documentos, siempre que no se trate de documentos ilegales que constituyan elementos de prueba ante los tribunales.
d) Notificar en un período no mayor de 48 horas a las autoridades diplomáticas o consulares acreditadas en el territorio nacional.
e) Garantizar a los representantes de los Estados de los afectados, ejercer su función de asistencia consular.
f) Comunicarles sus derechos al momento de ser detenidos.
g) Informarles y permitirles, si lo desean, que tienen derecho a realizar una llamada telefónica: y presentar cualquier documento que les permita demostrar su estado migratorio.


Estas medidas entre otras, permitirían ejecutar el derecho soberano a la repatriación, en estricto apego a nuestras normas sustantivas, y a los principios generales de apego al respeto de los derechos humanos.

Pese a esto, debemos estar conscientes de que en el mundo que vivimos se ha impuesto, “un nuevo sistema de comunicación que cada vez habla más un lenguaje digital universal, está integrando globalmente la producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes de nuestra cultura y acomodándolas a los gustos de las identidades y temperamento de los individuos”[1]

Si no nos preparamos, y nos ubicamos en este contexto global, consciente de que este entramado de redes informáticas, que crece de manera exponencial, que impacta y transforma sociedades de manera instantánea, puede ser puesto al servicio de causas ajenas a las nuestras, en perjuicio de la verdad, y el ejercicio de un derecho soberano podría terminar difundido en todo el mundo, como un acto de xenofobia, racismo, y un conjunto de calificativos contrarios a la cultura y a la idiosincrasia de los dominicanos. Esto no es extraño, ya que “algunas personas y algunos grupos están dispuestos a dar por buenos ciertos rumores, porque estos rumores son compatibles con sus propios intereses, o con lo que ellos piensan que es verdad”[2]. Por eso debemos ejercer nuestros derechos de soberanía con apego a la Ley, y garantizando el debido proceso.

Pese a esta realidad, y ser un país con más de un 34% de su población viviendo en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, y a la solidez de la argumentación jurídica del Estado dominicano, los diversos Poderes y órganos estatales, con el apoyo de la sociedad civil, produjeron dos instrumentos complementarios a la Sentencia, que son: a) el Plan Nacional de Regularización; b) la Ley 169-14; en un acto generoso y solidario, para la solución de un problema que por más de 100 años ha afectado la vida nacional.

En efecto, estos instrumentos nos permiten afirmar que la República Dominicana es el único país que en el menor tiempo posible, con el mayor nivel de cohesión social, está realizando la reforma migratoria más profunda, integral e inclusiva, de toda América, en la última década.

Por primera vez en su historia, el Estado Dominicano ha consolidado criterios homogéneos, sobre políticas públicas migratorias cónsonas con la Norma Sustantiva; en base a las mismas, se encuentran en proceso de implementación un conjunto de medidas que garantizan los derechos de las personas, consagrados en los tratados internacionales y en la legislación nacional, sean éstas nacionales o extranjeras. Estas reformas son el producto de la sentencia TC/0168/13, y con ellas hemos dado un paso importante en la lucha por la disminución de la marginalidad y la exclusión social; se han ampliado las oportunidades de quienes utilizando diferentes vías han escogido nuestro país, como el lugar donde asentarse, y como consecuencia de éstas, la falsa percepción de racismo, discriminación y riesgo de apatridia, ha sido neutralizada.

Debemos sentirnos orgullosos de que muchas personas de otras nacionalidades hayan escogido nuestro territorio para hacer realidad sus sueños. Eso habla muy bien de nuestra hospitalidad, solidaridad, generosidad; de los avances y perspectivas de desarrollo económico y social que tenemos como país. Con la conclusión oficial de esta auditoría se cierra un ciclo en nuestra existencia como nación; se consolida la democracia.

Señoras y señores:

Al concluir estas palabras, permítasenos refrescar el ambiente, a propósito de este tema y de nuestra identidad, con unos párrafos de la conferencia pronunciada por quien les habla, el 09 de julio de 2014, sobre la Identidad y Dominicanidad. Sobre lo que somos:

“La profesora Celsa Albert Batista, en el libro Diversidad e Identidad en República Dominicana, sostiene que, “la identidad consiste en un conjunto de valores, creencias, conductas, actitudes, creados en el transcurso del tiempo que caracterizan a los distintos grupos humanos permitiéndoles mantener su cohesión social y la memoria histórica”. Nos habla de la diversidad cultural dominicana, cuyo origen está en los aportes de los indígenas, de los españoles y de los negros africanos, pero tiene influencia “de otros grupos mestizados tales como los inmigrantes del sur de los Estados Unidos y las Antillas (afrofrancesas, afroinglesas y afroholandesas)”.

Con estas características y valores, se puede identificar, en sentido general, la dominicanidad. Y precisamente de eso se trata, de recogerlos y preservarlos en nuestra documentación oficial; para cada persona. Estos datos son: el nacimiento, el sexo, el matrimonio, divorcio y defunción. Pero la cédula es el instrumento que sirve para ejercer los derechos de ciudadanía, que consagra de manera concreta la nacionalidad. Es sin duda, el documento de identidad y de identificación esencial de los dominicanos.

Podemos afirmar, que todos los seres humanos tenemos cualidades y características comunes. Sin duda que es así, más aún, los dominicanos entre sí, somos portadores de mayores vínculos comunes, pero no obstante esta comunidad de características, también es verdad que cada uno es distinto a los demás, a las demás nacionalidades y a nuestros propios connacionales.

Con sobrada razón, se sostiene que “que nuestra identidad nacional, es la resultante de la suma de las características de nuestro Estado y sus componentes humanos”; y que las razones por las cuales los Estados necesitan de los registros, es “para aplicar normas, garantizar derechos y evitar los excesos”[3]. Para eso registramos, para hacer visibles y ejecutables nuestras normas, sustantiva y adjetivas, para colocar en cada ser humano un sello distintivo, que lo asocia a los demás, pero que a su vez lo diferencia y lo particulariza.

De ahí que “se necesita de un documento público, que tenga fe, un documento de valores y principios indiscutibles, que surja de una autoridad legal y legítima, que garantice la seguridad del portador, y que permita un ejercicio pleno de derechos; que haga posible recoger en él el gentilicio dominicano”. A todos estos dominicanos, en virtud de la Ley 169-14, con este trabajo no hemos hecho más que integrarlos a esta comunidad con plenitud de derechos, para que disfruten del orgullo de ser dominicanos.


¡¡Muchas Gracias!!


[1] Castells, Manuel. (1999). La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura. V. I. Siglo XXI Editores, México

[2] Sunstein, Cass R. (2010): Rumorología. Editorial Debate, Bogotá, Colombia

[3] Doctor Mariano Germán. Conferencia sobre El Estado, la Identidad y la Seguridad.