La Junta Central Electoral solicitó a la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,CIDH, no ponderar la solicitud DE MEDIDAS CAUTELARES a favor de 48 personas de origen extranjeros que demandaron un amparo, para que esta institución los dote de sus respectivas actas de nacimiento o cédulas de Identidad y Electoral.

El pedido de la Junta Central Electoral se hace en razón de que en la en la República Dominicana se están conociendo procesos de revisión por ante el Tribunal Constitucional, cuyos resultados pudieran ser contradictorios a lo que pudieran ser recomendados por esta COMISION, por lo que solicitó tener a bien ponderar que ninguno de los actuales reclamantes han sido turbados en sus derechos; que ejercieron su acción en Primer Grado, que lo están haciendo en Segundo Grado, que ejercen el derecho al tránsito, a la educación, a la libre reunión.

Un documento leído por la magistrada Rosario Graciano de los Santos, quien encabeza la comisión de la JCE que visita a Washigton, D.C., por tales motivos, agrega que como muestra de que disfrutan de esas libertades, en la actualidad están las manifestaciones realizadas en las ultimas horas frente a la Junta Central Electoral, donde más bien han recibido protección y amparados en el derecho interno.

Destaca que acoger la solicitud de una medida cautelar innecesaria, no aporta a la expresión libre y legítima de los reclamantes ni del Estado; sino que más bien obraría en contrario a lo que establece el artículo 46 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el sentido de que para que una comunicación o petición presentada sea admitida, en virtud del artículo 44 de la referida convención, respecto a las actuaciones de esta comisión se requiere “que se hayan agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”.

Una comisión de la Junta Central Electoral (JCE) que se encuentra en Washington participó este miércoles en una mesa de trabajo coordinada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), que abordó varios temas relativos la solicitud de medidas cautelares formuladas a esa comisión por personas que supuestamente se les niega el acceso a sus documentos de identidad.

La magistrada Graciano de los Santos identificó a los demandantes como Rafael Antúan Simón, Luis Oracus Joseph, Juan Emanier Premilma, José Emanier Previlma, Jenny Sallta Emanier Previlma, Alfredo Adonis Joseph, Graciela Vala Yase, Fistal Yaque Plasi, Mireya Libe, Franklin Yaque José, Freddy Yan Díaz, Malta Elizabeth Jean José, Betanla Jean José, Pedro Libe, Melania Sandi Pie, Soledad Vicente, Glady Yil, Susana Martin Luisa, Geovanny Libe, Ricardo Regalado, Adriana Regalado, Miguel Jose Sevil, Sandra Feliz Gloria, Altagracia Feliz Gloria, Franklin Antúan, Nativa Contreras Pedro, Francisco Luis Jean, Wilian Grabiel Yan, Juliana Deguis Pierre, Maritza Mateo Sine, Elena Michel Méndez, y Rafael Toussaint.

El documento fundamenta su solicitud de rechazo agregando las acciones de amparo interpuestas por ante los tribunales de la República Dominicana, fueron iniciadas por los peticionarios indicados anteriormente y que estos procesos están pendientes de ser fallados por el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de la República Dominicana, por lo que dichas instancias están en estatus de no concluido, es decir, que no hay sentencia firme en lo referente.

Además que los accionantes ante esta Comisión no han solicitado ninguna medida CAUTELAR PRECAUTORIA, por ante el tribunal que ellos mismos apoderaron en nuestro país.

La ponencia agrega que manera formal “expresamos nuestra disposición de recibir toda la información que pueda ser aportada, en beneficio de cualquier persona que se considera titular de un derecho, garantizándoles el debido proceso, siempre con estricto apego al orden constitucional, y el respeto a leyes adjetivas”.

Y resalta que “Aquellos que teniendo el derecho legítimo y que permiten la investigación como resultados del cumplimiento de los procesos que debe ejecutar la Junta Central Electoral, les son entregados sus documentos, tal y como acontece con todas las personas que así lo solicitan, entre las cuales se pueden contar algunos de los que han apoderado esta Comisión, pero que prefieren no recoger su documento, habilitado por la Junta Central Electoral, y venir por ante este Organismo internacional, como forma de denunciar a un Estado que lo que procura es mejorar su Registro Civil y sacarlo de la situación de calamidad y deterioro en que estuvo, y la JUNTA CENTRAL ELCTORAL, como su guardián, no puede, por el bien de todos los que tienen derechos, permitir que este siga siendo un instrumento no confiable para los organismos internacionales y locales que procuran el mejoramiento de la Identidad del dominicano”.

Por otra parte, la magistrada Graciano de los Santos destacó que la Junta Central Electoral desarrolla en la actualidad un sistema eficiente del Registro Civil, que recoge desde el 2010 hasta la fecha, 622 mil 912 nacimientos registrados, más de 250 mil registro de declaraciones tardías; y la disposición constitucional que habilitó el nacimiento de hijos de madres extranjeras no residentes, la cual ya recoge 17 mil 596 registros de personas, a quienes se ha garantizado el derecho al nombre y a la Identidad, tal como lo establece nuestra Constitución, y todas las convenciones internacionales.