El cuadro real de la migración irregular de extranjeros al país no estaba del todo visible ni completo cuando el Tribunal Constitucional emitió su histórica sentencia 168-13, que sentó las bases para la solución de este problema.

Entre los mandatos de esa sentencia hubo uno que sería pilar fundamental: el de encargar a la Junta Central Electoral que revisara, de pies a cabeza, rigurosamente, los libros del registro civil que desde 1929 se usaban para asentar los nombres de los inmigrantes y sus descendientes nacidos en el país.

Ese mandato fue ratificado luego por la ley 169-14, fijando inclusive plazos para que se ejecutara la auditoría de lugar.

Una comisión especial de la JCE asistida por veedores de la sociedad civil trabajó durante más de un año en la revisión de 56,554 libros del Registro Civil, en los cuales figuraban ciudadanos de 118 paises, y logró depurar una significativa cantidad de extranjeros que si califican para optar por la regularización de su estatus migratorio y por la naturalización como dominicanos.

El resto no, porque la comisión comprobó que sus expedientes adolecen de irregularidades graves que ahora los tribunales tendrán que anular formalmente. Los extranjeros que caen dentro de esta categoría simplemente tendrán que ser repatriados.

El trabajo de la comisión ha sido impecable, a juzgar por los testimonios de varias personalidades que asistieron al acto en el cual la JCE mostró sus resultados.

La auditoría se basta a si misma para demostrar ante la comunidad internacional, que no ha despegado sus ojos del proceso en curso, que República Dominicana se empleó con esmero y rigor en esta depuración para que, de este modo, las acciones que emprenda el país en cumplimiento de sus leyes migratorias y de naturalización estén revestidas de la máxima legitimidad y fundamentos jurídicos.

Con un registro civil debidamente depurado se elimina el sesgo discriminatorio que ciertos organismos o agencias internacionales pretendieron impregnar a la sentencia del Tribunal Contitucional para demolerla y hacerla inejecutable.

Ha sido, sin dudas, un excelente trabajo de la JCE y un paso importante en la validación del actual proceso para ordenar el sistema migratorio de nuestro país, al que tenemos pleno derecho soberano.

Fuente: Editorial Listín Diario del 29/Mayo/2015