DISCURSO A PROPÓSITO ENTREGA CERTIFICADOS CANDIDATOS ELECTOS PROCESO ELECTORAL AÑO 2012
Honorable Presidente Electo de la República
Lic. Danilo Medina Sánchez

Honorable Vicepresidenta Electa de la República
Dra. Margarita María Cedeño Lizardo

Distinguida Licda. Cándida Montilla de Medina
Esposa del Presidente Electo y Primera Dama para el cuatrienio constitucional 2012-2016

Honorable Dr. Reinaldo Pared Pérez
Presidente del Senado de la República y de la Asamblea Nacional

Honorable Dr. Abel Martínez
Presidente de la Cámara de Diputados y Vicepresidente de la Asamblea Nacional

Honorable Dr. Mariano Germán
Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia
Y demás Miembros que la conforman

Honorables Miembros Titulares de la Junta Central Electoral
Dr. José Ángel Aquino Rodríguez
Lic. Eddy de Jesús Olivares Ortega
Dra. Rosario Graciano de los Santos
Dr. César Francisco Féliz Féliz

Honorable Dr. Milton Ray Guevara
Magistrado Presidente del Tribunal Constitucional
Y demás Miembros que lo conforman

Honorable Dr. Mariano A. Rodríguez Rijo
Magistrado Presidente del Tribunal Superior Electoral
Y demás Miembros que lo conforman

Honorable Dra. Licelotte Marte de Barrios
Magistrada Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República
Y demás Miembros que la conforman

Embajadores y Jefes de Delegaciones Diplomáticas

Representantes de organismos internacionales

Ministros y funcionarios civiles y militares

Rectores de Universidades y personalidades del ámbito académico y de la sociedad civil

Directores y representantes de medios de comunicación

Dignidades Eclesiásticas

Distinguidas personalidades que nos acompañan

Señoras y Señores:

La Constitución de la República promulgada el 26 de enero de 2010, en su artículo 209, ordena aperturar las asambleas electorales en colegios cada cuatro años para elegir al Presidente y Vicepresidente, y por excepción en esta ocasión las asambleas electorales de los ciudadanos residentes en el exterior fueron convocadas para elegir a siete (7) representantes, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en la disposición transitoria décimo tercera.

En ese tenor, el 15 de febrero del año en curso, la Junta Central Electoral tuvo a bien emitir la proclama donde dejó abierto el período electoral y convocó a la elección del Presidente y Vicepresidente de la República y a siete (7) representantes de la comunidad dominicana residente en el exterior, dando apertura de esta manera al período electoral y a su vez dejando abierta la campaña electoral.

Al momento de la emisión de esta proclama, ya existían candidatos electos en primarias y convenciones internas, más aún, previo a la conformación de la presente Junta Central Electoral el 08 de octubre del año 2010 por el Senado de la República, en el país de manera unilateral se había iniciado la campaña electoral; por tanto, era de imposible aplicación el mandato contenido en la Constitución de la República, en su artículo 212, párrafo cuarto, por lo menos para esta elección, que faculta a la Junta Central Electoral para reglamentar los tiempos de campaña.

Como es normal, este inicio a destiempo del proselitismo electoral rompió el más elemental principio de igualdad y equidad en una contienda, es decir, en el lenguaje hípico, antes del inicio de la carrera, algunos de los caballos corrían velozmente, mientras los demás esperaban la señal. Pese a ello, asumimos el reto de realizar nuestros mejores esfuerzos por organizar un evento en el que se garantizara un mínimo de igualdad y equidad, acorde con lo establecido en la Constitución y las leyes.

Efectivamente se crearon las condiciones objetivas que permitieron que al aperturarse las asambleas electorales, donde concurrieron a ejercer el derecho al sufragio los 6 millones 502 mil 968 ciudadanos, disgregados a su vez en 14 mil 470 Colegios Electorales, tanto en el territorio nacional como en el exterior, las y los dominicanos exhibieran un comportamiento cívico ejemplar, que permitió una elevada participación, dentro de los parámetros establecidos para este tipo de eventos, tanto a nivel nacional, como internacional, para el ejercicio pleno de sus derechos.

En el proceso electoral que concluyó, logramos la incorporación de diecinueve (19) organizaciones de la sociedad civil y la casi totalidad de representantes de instituciones de educación superior, quienes llevaron a cabo varios programas dirigidos a la ampliación de los niveles de inclusión, participación y decisión de la ciudadanía, como los programas “Verifícate”, “Voto Informado” y el “Voluntariado Juvenil”.

El levantamiento hecho por estas instituciones de la sociedad civil, y ratificado por los observadores internacionales, permitió comprobar que en la mayoría de los casos se inició la votación a la hora prevista (6:00 de la mañana), los escasos retrasos en su mayoría se debieron a la ausencia de miembros de colegios electorales, que fueron sustituidos tal como establece la ley. Las condiciones creadas permitieron que los ciudadanos y ciudadanas al presentarse a un colegio electoral pudieran ejercer el voto de manera directa, con total y absoluta libertad, respetando el secreto del sufragio y ejerciendo el derecho a la diversidad de opciones para la selección de la propuesta programática que más le satisficiera.

A tal efecto, el programa “Voto Informado” llevó a cabo una intensa labor de publicidad en los medios masivos de comunicación respecto de los ejes fundamentales de las propuestas programáticas de las seis (6) fórmulas presidenciales admitidas, se comprobó que los colegios electorales estaban debidamente identificados en un noventa y siete por ciento (97%), que funcionaron con normalidad y fluidez en el proceso de votación en un 95%, y además que existían vallas ofreciendo información sobre la ubicación de los mismos.

Se determinó la presencia en más de un 94% de una amplia diversidad de delegados de los diferentes partidos y en el cien por ciento presencia de los delegados de los dos partidos que obtuvieron mayores niveles de votación; más del 88% de los recintos fueron visitados o se vieron circulando observadores nacionales o internacionales, lo que refleja un elevado nivel de organización y gerencia en el proceso, y sobre todo, de transparencia.

De su parte, en su monitoreo estas entidades de la sociedad civil determinaron que en los colegios el escrutinio (conteo de boletas) se realizó de acuerdo a los procedimientos establecidos, el 87% de las actas fueron firmadas y selladas por todos los delegados de los partidos políticos, además de los miembros de los colegios, y plastificadas como establece la ley, en los demás casos, fueron firmadas sólo por dos delegados; el nivel de violencia registrado se redujo a dos casos con armas de fuego que no produjeron lesiones a los votantes, por lo que esta etapa del escrutinio, junto al proceso de escaneo, se llevó a cabo conforme a lo esperado y con presencia de los actores políticos del certamen.

De igual manera, los observadores nacionales e internacionales, sin excepción, dan cuenta de que la transmisión y cómputo electoral llevado a cabo por la Junta Central Electoral reflejó la voluntad libérrima del elector e incluso, en un hecho histórico sin precedentes, los centros de cómputos de las dos principales candidaturas, a decir de sus responsables, registraron que no existía disparidad entre los datos ofrecidos por el centro de cómputos de la Junta Central Electoral y los centros de cómputos habilitados por estos partidos, información que pudieron comprobar ya a más tardar a las 8 de la noche del 20 de mayo, según han dado a conocer en los medios de comunicación escrita los señores Hiddekel Morrison, Director del Centro de Cómputos del PRD, y Francisco Javier García, Jefe de Campaña del PLD.

Tal como prometimos a los ciudadanos, ya a las diez horas de la noche (10:00 pm) de ese día este organismo había remitido al centro de cómputos de los partidos y de los medios de comunicación masiva información en actas y en boletines municipales totalizados por la institución, cuasi oficiales, equivalentes a más del setenta y cinco por ciento (75%) de la votación total emitida, que indicaba que uno de los contendientes había recibido el 51.21 por ciento de los sufragios y el más cercano contendor un 46.65 por ciento, y a las once treinta de la noche (11:30 pm) habíamos ofrecido por esta vía más del noventa y cinco por ciento (95%), que rondaba la información confirmada en el último de los boletines.

A la fecha no se conoce de un solo caso en el que se haya podido alegar o demostrar que una acta de las 14 mil 470 no reflejó la voluntad del elector o que el escrutinio fue adulterado, además, es de conocimiento público que en una importante cantidad de colegios electorales el escrutinio se llevó a cabo tres, cuatro y hasta cinco veces, por insistencia de algunos delegados, y pese a ello, en un hecho sin precedentes en la historia electoral dominicana, ningún colegio electoral ha sido impugnado, ninguna de las 155 Juntas Electorales y 18 Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior recibió una impugnación; todos los votos observados fueron contados; todos los votos nulos fueron revisados, y en adición, en la transmisión y cómputo electoral no hubo un solo error que pusiera en duda la certeza y objetividad de los resultados ofrecidos. A esto en todo el mundo se le llama “Transparencia Total”, esto es lo que verdaderamente se conoce como un proceso limpio, transparente y justo, como lo catalogaron los observadores internacionales al recibirlos esa misma noche en nuestro Despacho.

En el esfuerzo por cumplir con los requerimientos de igualdad y equidad en el proceso electoral, realizamos nuestro mayor esfuerzo en lograr la accesibilidad de las diferentes fórmulas presidenciales a los medios de comunicación, independientemente de los ingresos propios de los partidos y del propio ingreso estatal otorgado, y a tal efecto, emitimos la resolución número 26-2012 sobre medios de comunicación, mediante la cual a las seis fórmulas presidenciales se les garantizó la colocación de siete (7) cuñas diarias en las siguientes plantas televisoras y radiales: CERTV Canal 4, Quisqueya Canal 17 UHF, Telecentro Canal 13 y RNN Canal 27, así como las emisoras de radio FM 98.9, Quisqueya FM 96.1, 98.5, Santo Domingo 620 AM, además, las emisoras de radio 107.FM, Power 103.7 FM en Santo Domingo y KV 94.5 FM en Santiago, sean éstos propiedad del Estado o administrados por decisión judicial por éste último. Estas cuñas, de treinta segundos cada una, representaron el equivalente a 65 millones de pesos en publicidad gratuita garantizada por el Estado y que utilizaron todos los candidatos inscritos.

De igual manera, todas las decisiones arbitrales adoptadas, sin excepción, gozaron de la aceptación de los candidatos y partidos inscritos, tales como el orden de los partidos, conformación y diseño de la boleta, las auditorías del padrón electoral y el centro de cómputos, la gerencia de informática electoral, la conformación de las Juntas Electorales, la conformación de los colegios electorales, la entrega gratuita de duplicados hasta las 3 de la madrugada del 19 de mayo y la propia resolución citada anteriormente.

Asimismo, todas las denuncias de las que fuimos apoderados oficialmente, fueron respondidas en su debido momento, de conformidad con el mandato legal establecido.

Como es de conocimiento de los tratadistas en Derecho Electoral, los poderes reglamentarios de la Junta Central Electoral chocan con las disposiciones adjetivas que le pudieran ser contrarias; por tanto, reglamentar “los límites en los gastos de campaña” contravendría el principio establecido en el artículo 47 de la Ley Electoral 275-97, que considera que los donativos o contribuciones que provengan de las personas naturales y jurídicas nacionales y privadas son lícitos y que sólo se consideran ilícitas las provenientes del Estado de manera directa o indirecta o de las empresas que caigan dentro de la aplicación de la Ley de Inversión Extranjera o de Gobiernos extranjeros.

De lo anteriormente indicado, se deduce que cualquier decisión tendente a la limitación del gasto contravendría una disposición adjetiva vigente, ya que la Constitución solo le otorga facultad reglamentaria a la Junta Central Electoral, más no legislativa, siendo ésta una atribución exclusiva del Congreso Nacional.

Una vez este poder del Estado reforme la Ley Orgánica de la Junta Central Electoral y cree la Ley del Régimen Electoral, entonces sí podremos como Junta Central Electoral dictar reglamentaciones para la aplicación de esta norma adjetiva. Es decir, el proceso electoral que concluyó se llevó a cabo en el marco de la legislación constitucional y adjetiva vigentes y con los parámetros posibles en un mercado electoral en el que históricamente los actores han preferido lidiar sin reglas de competencia.

La Junta Central Electoral esperó que se agotaran los plazos que le acuerda la ley a los partidos políticos o candidatos actuantes en los procesos para interponer los recursos previstos en la misma, por lo que al no producirse ningún evento de esta naturaleza, el pasado 28 de mayo del año en curso, el Pleno de la Junta Central Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la Ley Electoral 275-97, procedió a dar lectura en sesión pública al Cómputo General de Votación con los siguientes resultados:



En virtud de estos resultados, estamos entregando certificados de elección al Lic. Danilo Medina Sánchez, Presidente Electo, y Dra. Margarita María Cedeño Lizardo de Fernández, Vicepresidenta Electa, postulados por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados, y que resultaron elegidos con una votación de 2 millones 323 mil 463, para un porcentaje de cincuenta y un punto veintiún por ciento (51.21%) de los votos válidos emitidos.

Asimismo, hacemos entrega de los certificados de elección a los Diputados representantes de la Comunidad Dominicana residente en el Exterior, en las circunscripciones 1, 2 y 3, señores:

Por la Circunscripción número 1, que abarca las ciudades de Estados Unidos
José Ernesto Morel Santana, Rubén Darío Luna Martínez, electos por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y aliados, y Alfredo Antonio Rodríguez Azcona, elegido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados.

Por la Circunscripción número 2, que abarca las ciudades de Venezuela, Panamá, Islas de Las Antillas y el Estado de La Florida
Levis Suriel Gómez, electo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados, y Adelis de Jesús Olivares Ortega, elegida por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y aliados.

Y por la Circunscripción número 3, que abarca las ciudades de España, Holanda, Italia, Suiza, Bélgica, Alemania y Francia
Marcos Genaro Cross Sánchez, electo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados, y Aurelio Agustín Mercedes Moscat, elegido por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y aliados.

Con el endoso de estos certificados de elección dejamos formalmente proclamados como Diputados Representantes de la Comunidad Dominicana Residente en el Exterior a los señores antes mencionados, a la vez que estamos procediendo a referir al Presidente del Senado de la República en calidad de Presidente de la Asamblea Nacional un duplicado de los Certificados correspondientes al Presidente y Vicepresidenta de la República elegidos para proceder con su proclamación formal, en correspondencia con el artículo 167 de la Ley Electoral 275-97 y el procedimiento de rigor.

Como hemos descrito, el proceso electoral recién concluido se efectuó dentro de los estándares de calidad aceptados en las democracias del mundo; por tanto, los mandatarios electos tienen una legitimidad de origen que deviene de la pulcritud y transparencia que caracterizaron unas elecciones libres, competitivas y con una pluralidad de candidatos que ejercieron libremente el proselitismo electoral, en un tiempo más que suficiente para llegar a todos los ciudadanos.

Por demás, en esta elección 4 millones 566 mil 838, es decir, un setenta punto veintitrés por ciento (70.23) de electores concurrieron a las urnas y depositaron de manera directa y en absoluto secreto su voluntad; de ellos nace la legitimidad, esta no debe ser regateada por intereses ajenos a la patria, tras pactos o compromisos de aposentos, porque ésta ha sido otorgada por la voluntad del pueblo; los mandatarios electos, cuyos certificados entregamos hoy, han recibido un mandato claro y legítimo para gobernar en el mejor de los sentidos y de los intereses de los ciudadanos dominicanos; a los candidatos electos nadie le ha cedido una mayoría, ésta le ha sido dada libremente por quienes se movilizaron a pedido de la Constitución y las leyes y ejercieron el derecho a la participación y la decisión política.

Esta legalidad y legitimidad ha sido ganada palmo a palmo en cada tramo del proceso electoral concluido, tal como establece el artículo 209 de la Constitución, el Presidente y la Vicepresidenta de la República en buena lid obtuvieron “…más de la mitad de los votos válidos emitidos”, siendo innecesaria una vez más la realización de una segunda vuelta el último domingo del mes de junio del año en curso.

“Los dadores de legitimidad” o “los negadores de legitimidad” son los ciudadanos y las ciudadanas que habitan en la República Dominicana y son parte de este Estado social y democrático de derecho y nadie, absolutamente nadie, puede atribuirse la vocería de una voluntad que acaba de ser expresada con total diafanidad, más que los propios electos.

Señores Presidente y Vicepresidenta electos, como portadores que son de la legitimidad de origen, corresponde ahora con sus actos ganar día a día la legitimidad de resultados, es decir, sus hechos en la ejecución de las políticas públicas deben ser cónsonos con las promesas y propuestas que ofertaron a los ciudadanos y que éstos libre y voluntariamente aceptaron, esto será lo que determinará que en su momento el soberano los evalúe y él y más nadie determine qué tan legítimas son sus ejecutorias.

Por nuestra parte, deseo recordar al Presidente electo, Lic. Danilo Medina Sánchez, que el 30 de marzo del año en curso suscribió un convenio en el que estuvimos presentes su Eminencia Reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Agripino Núñez Collado, Rector Magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el representante de la Confederación Dominicana De Unidad Evangélica (CODUE), Fidel Lorenzo Merán, y quien les dirige la palabra en calidad de testigo; en este acuerdo usted se comprometió a que una vez asumiera la dirección del Estado trabajaría para que en un plazo breve se conozcan los proyectos de leyes de Partidos Políticos y Régimen Electoral que reposan en el Congreso Nacional, por lo que esperamos que a partir del 16 de agosto del presente año este compromiso pase a ser una prioridad en su agenda como jefe de Estado.

Le adelanto que recibirá todo el respaldo y la colaboración de la Junta Central Electoral, y que hemos recibido desde ya la promesa de varias instituciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), UNIORE e Idea Internacional de brindarnos el apoyo necesario hasta lograr la aprobación de estos importantes proyectos.

De su parte, esperamos que todos los actores del pasado proceso electoral y algunas organizaciones de la sociedad civil hagan una pausa, que por Dios cesen del laborantismo político y den paso a la gobernabilidad democrática. Las elecciones ya pasaron, si es que no nos hemos dado cuenta; la campaña debe terminar.

Por último, al proceder a la entrega de los certificados de elección, deseo expresar a usted y a los demás beneficiarios de la voluntad popular, que cerramos con este acto un capítulo de nuestra vida democrática con la satisfacción del deber cumplido.

Que el Todopoderoso los ilumine y les colme de sabiduría, templanza y humildad para conducir los destinos de la nación dominicana por los senderos del progreso y el bienestar.

Muchas gracias.