Hemos recibido con mucha satisfacción y humildad el pronunciamiento de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional respecto de la litis sometida por la JCE en contra de varias instancia del Poder Ejecutivo referidas al necesario control interno y externo de las actividades administrativas de la JCE que en su parte dispositiva dispuso: PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, la presente acción de conflicto de competencia interpuesta por el presidente de la Junta Central Electoral contra el Poder Ejecutivo, que actúa través de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del Ministerio de Hacienda.
La Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos de la Junta Central Electoral (JCE) expresó su satisfacción por el éxito alcanzado en el proceso de conformación de algunas Juntas Electorales, en unos casos y el “llenado de vacantes”, en otros casos que se efectúa en todo el territorio nacional. Por disposición del Pleno de la Institución y de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República y la Ley 275-97 en 37 Juntas Electorales se ha dispuesto completar estos organismos de cara a las elecciones del 15 de mayo del 2016.
En relación a las solicitudes contenidas en: comunicación de fecha 04 de febrero del 2014, suscrita por el señor Luís Rodolfo Abinader Corona, Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), solicitando que la Junta Central Electoral fiscalice el proceso convencional del PRD, comunicación de fecha 10 de marzo del 2014, suscrita por el Dr. Guido Gómez Mazara, solicitando la agilización de todos los mecanismos para auxiliar el próximo evento interno del Partido Revolucionario y comunicación de fecha 11 de junio de 2014 suscrita por el Dr. Guido Gómez Mazara, solicitando el envío de observadores. Luego de revisar toda la documentación existente respecto de la participación de la junta en los procesos de participación de sus dirigentes y militantes en la selección de sus candidatos a puestos de dirección interna partidaria o de elección popular y constatado que el tema en cuestión ha sido objeto de análisis y decisión en los siguientes plenos de la presente gestión:
Considerando que la Junta Central Electoral (JCE) ha desarrollado políticas, programas y acuerdos de colaboración con distintas instituciones públicas y privadas para fomentar la consciencia de la ciudadanía y visibilizar los derechos de las personas con discapacidad, siendo el objetivo fundamental de la institución dar cumplimiento al Artículo 58 de la carta magna cuando establece que “El Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política”. Constituyen antecedentes de este compromiso, las acciones realizadas por la Junta Central Electoral, de manera particular la firma de la carta de intención con la representación nacional de IFES y 16 organizaciones que agrupan a personas con discapacidad, lo cual permitió la inclusión de políticas dirigidas a la incorporación de personas de este sector en el proceso electoral del año 2012, tanto en calidad de observadores del proceso o como apoyo a los facilitadores de recintos. De igual forma, por primera vez, se incluyó como parte del material de los colegios electorales un facículo informativo sobre el trato a las personas con discapacidad y sus derechos, el cual se hizo con la colaboración del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS).
La miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), doctora Rosario Graciano de los Santos, llama la atención sobre la necesidad de garantizar el cumplimiento del mandato Constitucional de paridad y ha propuesto que este eje sea integrado a la nueva legislación electoral, de tal forma que las candidaturas de hombres y mujeres sean en cantidades similares y alternas. Al hacer la revelación, la doctora Rosario Graciano de los Santos, quien además es Coordinadora de la Comisión de Políticas de Equidad de Género de la Junta Central Electoral, explicó que el concepto de paridad ha sido insertado constitucionalmente a partir del año 2010, por lo que asumirlo en las leyes es impostergable.
El Presidente de la Junta Central Electoral (JCE), destacó la importancia y trascendencia que tendrá para el país la nueva Cédula Biométrica de Identidad y Electoral, documento que resaltará los principios, valores e ideales de los padres de la Patria. El doctor Roberto Rosario Márquez dijo que en consonancia con el mes de la patria, el Pleno de la Junta Central Electoral adoptó la histórica decisión de priorizar el fiel cumplimiento de la Constitución de la República así como las leyes adjetivas respecto a la Cédula de Identidad y Electoral, que dispone la entrega gratuita de aproximadamente 7 millones de documentos de identidad a todas las personas que habitan en esta parte de la isla, en la condición que les corresponda.
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