Evolución del Sistema Electoral Dominicano

Conferencia Magistral pronunciada por Julio César Castaños Guzmán,

Presidente de la Junta Central Electoral, Orador Invitado en

el  Almuerzo de la  Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR),

25 de abril de 2018, Santo Domingo, República Dominicana.

Saludos a la Mesa Principal compuesta por:

Juan Amell Llibre

Miembro del Consejo de Directores AMCHAMDR y

Director de Asuntos Corporativos de BEPENSA  DOMINICANA

Fernando Villanueva

Miembro del Consejo de Directores AMCHAMDR y

Presidente del Grupo Viamar

Gustavo Tavares

Pasado Presidente inmediato de AMCHAMDR y

Presidente de Marítima Dominicana

Roberto Herrera

Vicepresidente del Consejo de Directores AMCHAMDR y

Gerente País de InterEnergy Holdings

Robert E. Copley

Encargado de negocios y Jefe de Misión de la Embajada Americana de los Estados Unidos en la Rep. Dom.

David Fernández

Presidente del Consejo de Directores AMCHAMDR y

Presidente de CXO Consulting

Ramón Ortega

Vicepresidente del Consejo de Directores AMCHAMDR y

Socio Líder de Impuestos y Legal de Pricewaterhousecoopers

Edwin De Los Santos

Secretario del Consejo de Directores AMCHAMDR y

Presidente de AES Dominicana

Carlos José Martí

Miembro del Consejo de Directores AMCHAMDR y

CEO de Martí Group

Alejandro Peña Defilló

Miembro del Consejo de Directores AMCHAMDR y

Presidente de AOR Dominicana

William M. Malamud

Vicepresidente Ejecutivo de AMCHAMDR

Señoras y señores:

   Deseo agradecer infinitamente, en mi propio nombre y a nombre de la Junta Central Electoral (JCE), el honor que nos ha dispensado la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, al convidarnos en el día de hoy como Orador Invitado en su Almuerzo Conferencia, para tratar el tema de la “Evolución del Sistema Electoral Dominicano”.

   Me complace saludar de igual forma a todos los distinguidos invitados, miembros del cuerpo diplomático, empresarios, dirigentes empresariales, legisladores, dirigentes políticos, medios de comunicación. Igualmente, destacar la presencia de los honorables Miembros de la Junta Central Electoral, los funcionarios de esta institución presentes en este acto y al público en general presentes en esta actividad

   Hace 10 años comparecí ante este mismo escenario de la Cámara Americana de Comercio en mi calidad de Presidente del órgano  unos 40 días antes de la celebración de las elecciones del año 2008. Disertando acerca de la preparación de la logística del electoral de ese año.

   Las 3 veces que nos ha correspondido estar en la JCE ha sido bajo condiciones y circunstancias  diferentes, ya que para el período 1999-2002 la institución tenía una integración de 7 personas, 1 Presidente y 6 Miembros, con sus suplentes,  que tenían a su cargo la organización de las elecciones y las atribuciones contencioso electorales. Para nuestro retorno a la JCE como Presidente,  2006-2010, la junta tenía 9 Miembros Titulares y sus Suplentes articulados en 1 Pleno y 2 Cámaras, una administrativa y otra contenciosa.

  Al retornar en el año 2016, desde la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, para presidir de nuevo la institución, está compuesta esta vez por cinco personas, un Presidente y 4 Miembros Titulares con su suplente cada uno, aparte de que el sistema electoral dominicano lo componen la Junta Central Electoral (JCE), que tiene a su cargo la organización de las elecciones, así como el Registro Civil y la Cédula de Identidad,  y a partir del 2010, el Tribunal Superior Electoral (TSE), que se encarga de los contenciosos electorales.

   En el  año 2000, el Producto Interno Bruto (PIB) era de apenas unos US$24,000 millones de dólares; ya para el año 2008, dicha cifra se había duplicado,  sobrepasando los US$48,000 millones de dólares; y el pasado 2017 alcanzó más de US$76,000 millones de dólares, acotándose que entre el 2000 y el 2018 el ingreso percapita se elevó unos 2.6 veces de su monto inicial.    

    En esta oportunidad, la presente disertación tiene lugar en este magno escenario a poco menos de dos (2) años de las elecciones municipales de febrero del año 2020 y a poco más de dos (2) años de las elecciones generales presidenciales y congresuales de mayo del 2020.

    Este año se cumplirán cincuenta y seis (56) años de la conmemoración de las primeras elecciones democráticas organizadas en el país después de la caída del régimen tiránico de Rafael Leónidas Trujillo, las cuales tuvieron lugar el día 20 de diciembre de 1962 y en las que resultó electo como Presidente Constitucional el profesor Juan Bosch. En este lapso de más de cinco (5) décadas, la República Dominicana ha experimentado una notable evolución en su sistema político y, concomitantemente, ha debido sortear varias crisis post-electorales, con una secuela a contrapunto de diversos cambios en el sistema electoral para la escogencia de funcionarios mediante el voto popular. Veintiún (21) jornadas electorales (casi al hilo) han dejado en la historia política contemporánea una rica experiencia en materia electoral.  Más aún, en 2020 contaremos en nuestro haber con veintitrés (23), incluso con posibilidad de veinticuatro (24) certámenes electorales, si hubiere segunda vuelta en las presidenciales.

    Tratándose de eventos intensos, casi siempre dramáticos, las elecciones han sido los momentos cumbres de nuestra ya no tan joven democracia dominicana, tanto por sus resultados, como por la dinámica generada en términos de participación, que consolida el sentido de ciudadanía.

    Desde 1962, ocho (8) reformas constitucionales, a saber, 1962, 1963, 1965 (Acta Institucional), 1966, 1994, 2002,  2010 y 2015, han abordado los grandes temas políticos de reelección, no reelección y alternancia, así como representación, doble vuelta o ballotage, elecciones separadas en los distintos niveles de elección, voto de los dominicanos en el exterior, colegios electorales cerrados –finalmente abiertos–; los representantes de ultramar,  Parlacen, Diputados que representan a los Dominicanos en el Exterior, Diputados Nacionales, y jurisdicción electoral especializada en lo administrativo y contencioso (diferenciando en este apartado la Junta Central Electoral del Tribunal Superior Electoral), la cuota de la participación política de la mujer y su participación equilibrada, el  voto preferencial para los diputados, el Padrón Fotográfico a Color y las circunscripciones electorales.

    El sufragio aparece en nuestra Constitución como un derecho fundamental y un deber,  lo que fue antes una obligación. Es una manifestación de la expresión más excelsa de la soberanía popular.  Ello así, porque unas elecciones libres y justas son parte esencial del sistema democrático, asegurando la elección, sustitución y el reemplazo pacífico y organizado de nuestros gobernantes, por la acción de los ciudadanos que expresan su voto como un derecho que consolida el régimen de derechos civiles y políticos, preservándonos, además, del peligro de la tiranía.

    Por otra parte, una elección es, antes que todo, un procedimiento que permite consultar eficazmente a los ciudadanos y ciudadanas acerca de sus preferencias políticas en un momento determinado, con la finalidad jurídica de investir autoridades por elección popular con un mandato para un período específico.  La ciudadanía dota a otros iguales para que en su nombre administren el poder público bajo esa potestad que es siempre del pueblo y nunca propiedad de los elegidos.

  “Nadie tiene derecho a gobernarme sin mi permiso”, afirmaba el Presidente Abraham Lincoln.  Y ante el drama de perder unas elecciones para el Senado de los Estados Unidos, cuando le preguntaron cómo se sentía, dijo: “Estoy muy triste para reir y soy muy viejo para llorar”.

    Un partido único a la usanza del antiguo Partido Dominicano de la tiranía, que siempre ganaba las elecciones con adeptos obligados a través de la coacción y la violencia, bajo las circunstancias de que toda participación política y el acceso a todos los cargos debía hacerse a través del mismo, es diametralmente contrario al régimen plural de partidos que actualmente existe en la República Dominicana, con 26 partidos y 3 agrupaciones políticas reconocidas.

   El financiamiento de las campañas juega hoy un papel preponderante en la competencia política; de hecho, muchas veces olvidamos que los partidos políticos son estructuras de competencia electoral.  En esa competencia, las campañas se convierten en la expresión directa de las tantas aspiraciones. Pero esas mismas campañas sin regulación en cuanto a su duración y a su propio contenido, que muchas veces resulta superficial y frívolo, vienen a ser precisamente la dinámica más sensible en cuanto a la propia viabilidad y permanencia del sistema de partidos políticos.

    Hay que estar atentos a la nueva realidad: las ofertas de dinero ilegal, producto del narcotráfico internacional, lavado de activos, trata ilícita de personas y demás actividades delictuosas, se convierten en tentaciones atractivas que pudieran contaminar la voluntad de algunos candidatos y futuros funcionarios,  y que, a cambio de estas dispensas obsequiosas e inmorales, comprometan su futura voluntad pública, que eventualmente los convierte en prevaricadores.

   La Carta Democrática Interamericana, instrumento de Derecho Internacional Público Americano vinculante, votada y aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 11 de septiembre de 2001, dispone:

Artículo 3

“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.”

    La Constitución Política de 2010 contempla que los Partidos Políticos en su funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia, de conformidad con la ley.  Esta democracia interna vendría a ser la expresión de salvaguarda a fin de evitar que determinadas “oligarquías partidarias” se entronicen, mediante prácticas antidemocráticas en los puestos de mando, sin permitir la renovación de las organizaciones.

    La transparencia, es decir, “la sinceridad manifiesta en la acción visible”, protege al sistema político de los engaños que opacan la verdad y hace verificables y medibles las prácticas de gobierno.

    Resulta necesaria la aprobación de las Leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral, que han sido tan esperadas por la Sociedad Dominicana y dejadas durante más de una década fuera de una auténtica agenda congresual: siempre anunciada, mas perennemente postergada.  

         La Potestad Reglamentaria Originaria, conferida por la Constitución de la República a la JCE, establecida en el Párrafo IV del artículo 212, nos compromete institucionalmente a reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación y, de esta forma, velar por que los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento.

    Dentro de esos límites necesarios, tenemos el tope en los gastos. La razonabilidad exige hoy ponerle un límite o barrera a los gastos de campaña, ya que principios económicos elementales, como la ley de rendimientos decrecientes, por ejemplo, vienen a servir de advertencia para que se enjuicie la necesidad real de no emplear irracionalmente tanto dinero sin que esté presupuestado, en procura del favor de una voluntad política, cuando llega un momento en el que la saturación en el uso de la propaganda en los medios de comunicación viene a ser contraproducente.

    Pocas personas saben con exactitud, que desde el año 1998, que fue cuando inició el financiamiento público a las agrupaciones políticas,  y hasta la fecha, al amparo de la Ley 275-97 y sus modificaciones, el Estado dominicano ha entregado al día de hoy a los Partidos Políticos reconocidos más de trece mil cuatrocientos ochenta millones cuatrocientos seis mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos (RD$13,480,406,470.00);  si de forma estimada extendiéramos el cálculo de esa contribución hasta las elecciones generales del año 2020, ese monto ascenderá a no menos de diecisiete mil novecientos cinco millones cuatrocientos seis mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos (RD$17,905,406,470.00).

    Tomando como referencia únicamente la inversión que hizo la JCE en la organización de las pasadas elecciones de 2016, sin tomar en cuenta el monto de la contribución a las agrupaciones políticas, el costo de cada voto válido emitido ascendió en las elecciones pasadas  a RD$1,057 pesos dominicanos, calculados sobre la base de dividir RD$4,980,480,908.65 pesos dominicanos como presupuesto ejecutado, entre los 4,708,746 votos válidos emitidos en el nivel presidencial, es decir, unos US$23.03 dólares por cada voto calculado a razón de RD$45.89 pesos por US$1.00 dólar, que era la tasa de cambio vigente para esa fecha conforme la tasa promedio establecida por el Banco Central de la República Dominicana.  

    Muchas veces perdemos de vista que en las congresuales y municipales de 1998, el padrón de electores alcanzó a 4,129,554 ciudadanos y ciudadanas inscritos, y que para las próximas elecciones del año 2020, están proyectadas a celebrarse con 7,834,000 sufragantes inscritos, lo cual permite  establecer que la lista de electores habría aumentado en poco más de 20 años, unos 3,710,846 dominicanos y dominicanas con capacidad de elegir, casi el doble del universo de los inscritos a esa fecha, específicamente un 90% más.

    En cuanto al Voto Dominicano en el Exterior, tenemos un Padrón Electoral de inscritos en 11 países al 2016 de 384,523, organizados en 731 Colegios Electorales, distribuidos en 246 recintos en varios países.

    Todavía más interesante el dato de que para el 1998 la cantidad de cargos electivos era de 1,921 puestos de elección popular, y que para el 2020 tendremos al menos 4,106 cargos de elección popular, incluyendo los 3 niveles de elección, presidencial, congresual y municipal, en las 2 elecciones obligatorias para ese año.

   Merece una mención especial el voto preferencial municipal aprobado como una novedad por Ley No. 157-13, en el año 2013, para los regidores de los municipios y vocales de los Distritos Municipales, para las próximas elecciones de 2020,  que implica la confección en su totalidad de 450 tipos de boletas electorales diferentes para dar cabida a la promoción en boletas cerradas y desbloqueadas de 1164 regidores y sus suplentes y 730 vocales, que correrían en campaña promocionando con foto personalizada en la boleta.

    Por esa razón, y dado su extensa complejidad, hemos propuesto que se difiera para otro momento la implementación de esa modalidad. Si volvemos a la boleta cerrada y bloqueada en el nivel municipal, el número de boletas electorales distintas se reduciría de 450 a 164, disminuyendo el nivel de complejidad de las elecciones y el costo de la campaña electoral.

   Además de hacer mención del tope en la contribución económica privada, también habría que referirse a  la equidad en el uso de los medios de comunicación, pues el uso desproporcionado e injusto de estos es una realidad en las campañas electorales. Al mismo tiempo es un auténtico desafío el uso de las redes sociales en las actividades proselitistas.

   En esa misma línea, merecerían atención las encuestas de preferencias electorales, las cuales proporcionan información respecto de hacia donde se concentra la intención del voto de la mayoría en un momento determinado y también señalando en la realidad hacia donde fluirán los recursos económicos y las posibilidades de presencia en los medios de comunicación, ya sea porque esos candidatos puedan pagar la tarifa o porque se les concedan tarifas privilegiadas o gratuitas.

    De lo anterior, para garantizar el equilibrio de la pluralidad y que no se concentren injustamente las posibilidades de participación en los medios, es preciso que tanto esta participación como la realización de las encuestas, sean reglamentadas para evitar manipulaciones, a fin de que los votantes tengan la posibilidad de escuchar todas las plataformas de la oferta electoral, sin exclusiones caprichosas e interesadas.  

    Es necesario señalar que los únicos recursos públicos que los partidos pueden utilizar lícitamente en la campaña electoral, son los recibidos como contribución económica del Estado y que son entregados por la Junta Central Electoral, de conformidad con la ley vigente. Todos los demás recursos estatales que se utilicen en la campaña son ilícitos y contrarios a la Ley General de Presupuesto y Gastos Públicos.

   Aun cuando no ha estado presente en la tradición política de nuestras campañas electorales, muchos entienden que el debate entre los candidatos podría servir como un elemento importante a los fines de que se reduzca el gasto y el tiempo de campaña y de que la población sea debidamente edificada respecto de la oferta programática de cada candidato.

   En otro orden, con una continua abstención electoral de más o menos un 30%, el  fenómeno del ausentismo y la abstención electoral deslegitiman la propia soberanía popular que languidece por la pereza o la indiferencia ante la propuesta de candidaturas. Y aun por el desprecio, en algunos casos, de toda la oferta que llega a través de la boleta y las listas que hacen los partidos, cuyas candidaturas ya aceptadas se inscriben en la Junta Central Electoral (JCE). Aumentando los votos nulos o simplemente no presentándose a ejercer el Derecho de Sufragio no se hace democracia. Es necesario que el financiamiento de las campañas electorales se oriente más positivamente a la estimulación de la participación electoral de los ciudadanos.

    Por eso, nuestra Democracia debe ser  inclusiva e incluyente, a fin de integrar la pluralidad de distintas tendencias de la vida dominicana y aprovechar el núcleo de los hombres y mujeres de buena voluntad.

   Quién quita que en un futuro no lejano, tal y como ha sugerido la Organización de los Estados Américanos (OEA) en su último informe, sobre las elecciones generales del pasado año 2016,  los ciudadanos dominicanos puedan votar en el nivel congresual por el Senador de un Partido y por un Diputado perteneciente a una agrupación política diferente; o, que en un futuro, no muy lejano (esto no lo dice la OEA) se discuta más adelante la posibilidad de que los policías y militares puedan  volver a ejercer el sufragio, tal y como lo hicieron desde el inicio de la República en el 1844 y hasta en año de 1923 y tal y como ya lo hacen en nuestro país los presos preventivos en los recintos penitenciarios, desde las pasadas elecciones de 2016.

    Toda propuesta precisa de escenarios de diálogo y concertación de sectores ordinariamente contrapuestos, para que las fuerzas sociales acuerden la solución de los problemas a través del diálogo de los expertos que destrabe el curso de alguna ley atorada en el Congreso por las dificultades que genera la lucha política. Ese ha sido el caso de las leyes de partidos políticos y régimen electoral, por ejemplo.

   Hace unos días, el pasado domingo 22 de abril, mientras nos encontrábamos en las labores propias de observación electoral internacional, como parte de la Misión de UNIORE en Paraguay, conversando con uno de los honorables magistrados del Órgano Electoral del Uruguay, acerca del costo de las elecciones primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias en su país, nos refería éste, que el  costo es el mismo de unas elecciones generales.

   En tal sentido,  es necesario considerar que de convertirse en ley el Proyecto de Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, ya aprobado por el honorable Senado de la República, el costo de dichas primarias ascendería en nuestro país a unos RD$5,628,000,000.00, según presupuesto provisional estimado elaborado por la Dirección General de Elecciones de la JCE.

   Igualmente, es  preciso señalar que, tal y como han indicado algunos medios de prensa escrita, dichas elecciones primarias a celebrarse para escoger todos los candidatos que participarían en los tres (3)  niveles de elección, presidencial, congresual y municipal, tendrían lugar el tercer domingo de noviembre del año anterior a las elecciones, es decir, el 17 de noviembre del próximo año 2019. Más concretamente el domingo anterior  al día de Acción de Gracias, y al Black Friday. Esto último equivale a afirmar, de resultar cierta esta información, que la JCE organizaría elecciones primarias obligatorias para todos los partidos en noviembre del 2019, elecciones municipales en febrero del 2020 (con el estreno de voto preferencial para regidores y vocales) y presidenciales y congresuales en mayo del mismo año;  y, además, eventualmente, la posibilidad de una segunda vuelta, en el nivel presidencial, que tendría lugar el último domingo de junio del 2020. Todo lo cual equivaldría a celebrar cuatro (4) elecciones entre noviembre del 2019 a junio de 2020.

    La Junta Central Electoral (JCE)  reitera al país que el día 18 de septiembre de este año 2018 dará inicio a su Calendario Electoral contentivo de todos los plazos legales y administrativos, así como la programación de los eventos imprescindibles para la organización de las próximas Elecciones Generales, Municipales, Congresuales y Presidenciales a celebrarse en el año 2020.       

  Señoras y Señores, amigos todos, la democracia es invaluable… No se vende. Su valor está determinado por lo mucho que nos ha costado conseguirla. El sacrificio hace que las cosas sean sagradas. Su valor es moral.

   Y moral es la victoria que pese a todas las dificultades,  debemos darnos todos los que estamos en los asuntos públicos si este año 2018, este año, repito, nos damos a nosotros mismos la victoria de que el Congreso Nacional finalmente apruebe  por consenso de todas las fuerzas políticas, sin divisiones y en paz, las leyes de Partidos y Agrupaciones Políticas y Régimen Electoral, que ayudarían al ejercicio racional y civilizado de la política en la República Dominicana.

Muchas Gracias. Gracias a todos!