cSeñoras y señores:

Como de costumbre, la Junta Central Electoral se presenta a este lugar sacrosanto, para dar gracias al Todopoderoso por los logros alcanzados; pedir la bendición a nuestras acciones; y suplicar apoyo divino para los proyectos nuevos. En esta ocasión conmemoramos más de nueve décadas de existencia, siendo la Junta Central Electoral el órgano de su naturaleza más antiguo de las Américas; nacida el 12 de abril de 1923, seguida por la Corte Electoral de Uruguay, fundada en el año 1924. Igualmente nos satisface ser recibidos por el párroco de esta Catedral Primada de América, para escuchar nuestras súplicas a la divinidad.

Esta tradición, además de tener carácter religioso, está íntimamente vinculada con el rol desempeñado por la iglesia en nuestra historia Republicana, muy especialmente en el nacimiento de la patria. Así lo relata el doctor Fernando Pérez Memén, cuando atribuye a la Santa Sede ser el primer Estado en reconocer la Independencia dominicana, al restaurarle el título de “Primada de Las Indias”. Más aun, por el hecho cierto de que la Carta Sustantiva de 1844 fue aprobada en una Asamblea Constituyente de veintinueve (29) asambleístas, de los cuales, ocho (8) eran sacerdotes , estableciéndose desde entonces un vínculo que subsiste a través del tiempo.

Su Dignidad:

Agradecemos la oportunidad que nos ofrece, de compartir algunas reflexiones sobre nuestro aniversario, con la distinguida feligresía que nos acompaña en esta Eucaristía.

Veamos:

La Junta Central Electoral ha sobrevivido a todas las etapas del desarrollo institucional de la República, sin importar cuán difícil hayan sido las condiciones. Fruto de ese discurrir histórico, nuestra Institución está sembrada en el corazón de la sociedad dominicana, independientemente de que siempre han existido voces dispersas que por situaciones muy particulares, no reconocen los aportes institucionales de éste y otros órganos Extra-Poder, en la construcción de la democracia.

Somos un estamento del Estado cuyas acciones y funciones están ligadas con la totalidad de los habitantes de este territorio, sea nacional o extranjero, sin importar edad, profesión, oficio, religión, color… es decir, de todas las personas desde el momento mismo en que nacen; al otorgar el acta de nacimiento, al emitir el acta para fines escolares, al pasar de la infancia a la adolescencia, al cambiar su estado civil, de soltero a casado y viceversa; en todas las actividades que requieran de su documento, para fines de viajes, en el exterior -para hacer valer su identidad como persona. Y como si todo esto fuera poco, también está en el último acto vital de las personas, con el acta de defunción, e incluso más allá, cada vez que requerimos documentos de nuestros antepasados. En fin, les acompañamos en el ejercicio de sus derechos políticos, económicos y sociales, con la emisión de su documento de identidad.

Estas actividades se realizan a través de la siguiente estructura:

1- Un edificio central, donde funciona el Pleno y los principales departamentos, con profesionales y personal de diversas disciplinas;

2- Una Oficina Central del Estado Civil en el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, donde además operan la Junta Electoral del Distrito Nacional y un Centro de Servicios y Legalizaciones;

3- 168 Oficialías del Estado Civil, distribuidas en todos los municipios, con no menos de 5 empleados cada una;

4- 176 centros de cedulación fijos, cubriendo todo el país, y 76 centros móviles de cedulación;

5- 158 Juntas Electorales;

6- 62 Oficinas, o Delegaciones, en igual cantidad de hospitales públicos;

7- 13 oficinas y más de 30 centros móviles, en igual cantidad de ciudades de países donde residen comunidades dominicanas en el exterior, para satisfacer sus necesidades documentales;

8- 10 Unidades móviles para expedir Declaraciones Tardías;

9- 7 Oficinas regionales de Servicios y Legalizaciones;

En adición, brindamos servicios a todo el sector financiero, comercial e instituciones públicas y privadas, que requieren de nuestro sistema de Archivo General de Datos Ciudadanos. Es decir, somos el soporte de la Identidad Nacional.

Accesoriamente, cada 4 años organizamos Elecciones Generales para elegir a las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Todo esto lo hacemos con aportes del Estado e ingresos propios.

Precisamente, corresponde al presente año, que la Ley define como pre-electoral, el inicio del proceso de organización de las elecciones. La cita pautada para el 15 de mayo del próximo año, se proyecta como la más compleja y de difícil administración en las últimas décadas. El mismo día estarán en disputa aproximadamente 4 mil 200 posiciones, con la correspondiente cantidad de candidaturas a Presidente y Vicepresidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores de distrito, vocales, diputados por acumulación, diputados del exterior y representantes al Parlacen.

Como indicamos anteriormente, el presupuesto recibido se ha estado invirtiendo en las atribuciones que nos confiere la Constitución, en su artículo 212, párrafo II, sobre el Registro Civil y la Cédula de Identidad y Electoral; actividades que han requerido, que de manera compulsiva se dirijan a estas áreas casi la totalidad de los recursos recibidos.

Tareas como la renovación de la Cédula, la auditoría del Registro Civil -de conformidad con la Sentencia TC/0168/13; la Ley 169-14, y el apoyo a la implementación del Plan de Regularización de Extranjeros en Condición Irregular. Y como si esto fuera poco, el enorme gasto en que estamos incurriendo para la documentación y empadronamiento de los dominicanos en el exterior.

En este camino hemos tenido la colaboración del Tribunal Constitucional y de las demás altas cortes, del ministro de Interior y Policías, el ministro de Relaciones Exteriores, y otros estamentos; a quienes agradecemos su apoyo.

Es cierto. Se han producido avances sustanciales en la administración electoral. Las acciones típicas de fraude y manipulación electoral son parte del pasado, y como entidad hoy somos un modelo en América, y con alto grado de confianza institucional; pese a que siempre existirán factores exógenos que pueden echar atrás todo lo que se ha logrado.

Según expertos, el nuevo paradigma de los procesos electorales radica en “garantizar determinados estándares, que permitan afirmar que la elección es integral” . Los organismos internacionales, académicos e intelectuales parten de criterios más amplios al momento de evaluar una elección. Para ellos, existen “principios internacionales, valores y estándares de elecciones aplicados a todos los países del mundo a través del ciclo electoral, que incluye el período electoral, la campaña, el día de votación y su epílogo” .

La integridad electoral requiere de leyes generales garantistas, con regulaciones que permitan a los órganos electorales administrar los procesos en un ambiente de igualdad y equidad, que establezcan los límites y alcance de los derechos de los actores políticos y los candidatos, y que definan un régimen de consecuencias. La integridad electoral necesita la sustitución de la cultura de la trampa por la cultura de la transparencia. Esa transparencia que nuestro reformador Constitucional del año 2010, con mucha precisión estableció en el artículo 216, como obligatorio en la vida de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

Además de garantizar la correcta expresión de la voluntad popular y de contar bien los votos, se necesita algo adicional. Ya esto no basta, no es suficiente a los fines de la comunidad internacional valorar positivamente una elección.

Lograr el ideal de la integridad electoral amerita de cooperación y participación de los órganos y Poderes del Estado comprometidos en el proceso. La JCE por sí sola no puede garantizar igualdad y equidad sin la existencia de las normas necesarias para el buen desarrollo de la contienda en todo su ciclo, y si no dispone de los recursos humanos, técnicos y materiales que permitan afrontar los retos y desafíos del presente.

Si no logramos eliminar del escrutinio el factor humano, existe el riesgo de que éste pueda operar como un ente distorsionador del proceso, afectando la legitimidad del mismo.

Si puede servir de algo, observemos el ejemplo de lo ocurrido en la República de Bolivia. El Tribunal Superior Electoral requirió la ayuda de la JCE para el escrutinio, transmisión y cómputo; pero no la pudo implementar porque el Congreso de ese país no introdujo las modificaciones necesarias, solicitadas por el TSE, que permitieran el uso de la tecnología que gratuitamente ofrecíamos. Tiempo después de pasadas las elecciones, la Organización de Estados Americanos formuló fuerte críticas al órgano electoral y al país, por su incapacidad de dar resultados oficiales a tiempo, y finalmente recomendó la implementación de la reforma legislativa que el Congreso negó al Tribunal Superior Electoral. El Presidente Evo Morales tuvo que reconocer las debilidades identificadas por la OEA.

Un proceso con implicaciones mayores se llevó a cabo en la República de El Salvador.

No fueron introducidas las reformas administrativas requeridas en las elecciones realizadas el 1ro. de marzo próximo pasado. Fruto de esta decisión el resultado electoral se pusieron en evidencia graves limitaciones, las cuales pasado más de un mes no permitieron identificar de manera definitiva los ganadores; todavía el 9 de abril se encontraban en la fase de conclusión del escrutinio, con la consiguiente incertidumbre que genera esta situación, ante la imposibilidad de usar los recursos legales de impugnación, por vencer el tiempo.

La Constitución de la República Dominicana pone a cargo de la Junta Central Electoral, velar “porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de la campaña y transparencia en la utilización del financiamiento.”

Para cumplir este mandato constitucional, para llegar a este ideal, se necesita de la implementación de software y sistemas informáticos que hagan posible el monitoreo y control del financiamiento, de la publicidad y la propaganda electoral, así como de la implementación de un sistema automatizado en la conformación del padrón de concurrentes. Para todo esto, tenemos ofertas de colaboración y cooperación de órganos electorales hermanos, de países como Argentina, Brasil y México. Pero todo esto demanda de leyes que deben ser aprobadas y recursos que deben ser canalizados.

“Tardó siglos la civilización humana para llegar a estos principios constitucionales axiomáticos y llenándolos de contenido democrático para transformar las elecciones en piedra angular de legitimación procesal del gobierno democrático” .

Nadie discute, en estos tiempos, que la democracia es el mejor de los sistemas de convivencia pacífica. Se difiere en el tipo de democracia, pero al final, todos los actores contemporáneos han entendido que éste es el único sistema posible en la actual coyuntura histórica. Aunque algunas personas le restan importancia al “orden jurídico” La época de los golpes de Estado, de la ruptura institucional y de la supresión de las instituciones democráticas pasó; está enterrada en el tiempo. Los cambios en las estructuras de Gobierno, solo son posibles mediante los procedimientos constitucionalmente establecidos. La Junta Central Electoral, junto a todos ustedes, es garante de que así ocurra.

Tenemos la vocación de servir, la entereza para afrontar, con la ayuda de Dios, esta sagrada misión. Pero el compromiso con la democracia requiere de todos algo más que discursos y sonrisas.

Estas palabras e informaciones, esperamos que las conserven, para que al evaluar los resultados, el día después, también puedan verificar el cumplimiento de las responsabilidades colectivas, institucionales e individuales.

Sé que nuestras súplicas al Todopoderoso siempre han dado sus frutos. Él nos ha acompañado, y lo seguirá haciendo. Extendemos la misma a los demás Poderes, actores, entidades, organizaciones del sector privado, políticas y sociales.

Construir un proceso integral es un compromiso de todos; y a todos les digo:

EL TIEMPO SE AGOTA.