En mi condición de presidente de la Junta Central Electoral, y miembro del Consejo Nacional de Migración por mandato de la Ley, he sido parte de un amplio debate sobre los derechos de nacionalidad y la regularidad documental.

En ese rol, con mucha dignidad y satisfacción, fui parte de las delegaciones que en representación del Estado defendieron la República Dominicana a nivel internacional, y consultado para la elaboración del proyecto de ley aprobado a unanimidad por la Cámara de Diputados, y que se encuentra en curso en el Senado de la República.

El excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, tuvo la gentileza de recibir nuestras sugerencias y recomendaciones en relación al tema, e integrarlas sustancialmente en el proyecto citado; de tal manera, que el mismo recoge en su integridad el concepto del presidente de la Junta Central Electoral sobre la nacionalidad dominicana. Desde mi punto de vista, es un excelente complemento a la sentencia 168-13, dictada por el Tribunal Constitucional, sobre todo, por ser una fiel ejecución de la misma.

Como bien expone el considerando sexto del precitado proyecto, la sentencia 168-13 dispuso realizar una auditoría a los libros del Registro Civil, la cual se encuentra en curso, y la ley señala que las personas que se acreditarán será en virtud de esta ley, como bien lo indica el mismo texto, citamos: “… se trata de personas que resultaran debidamente identificadas por dicha auditoría”; en obvia referencia al Registro Civil.

En mi humilde opinión, la ley que resultará consolidará los principios esenciales y el concepto prevaleciente de la nacionalidad, que correctamente interpretó el Tribunal Constitucional, y permitirá continuar la implementación de las políticas públicas registrales dictadas por el Pleno de la JCE, como parte del saneamiento institucional del Registro Civil y la regularización documental.

La ley resultante será un paso trascendente, histórico en el afianzamiento de la dominicanidad, en la defensa de nuestra soberanía y en el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, como nos define nuestra Constitución; y fortalece la frontera jurídica que preservará el ideal duartiano.